El pleno del Congreso, reunido este miércoles en el Senado de manera excepcional por obras en la Cámara Baja, ha votado tres decretos de gran calado económico impulsados por el Gobierno de coalición en una jornada que ha terminado siendo agónica. Además de suponer el primer gran desafío del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, la sesión implicaba decidir el futuro de casi 20.000 millones de euros, entre los que se encuentran 10.000 millones de fondos europeos pendientes de recibir de Bruselas y más de 7.000 millones que se trastocarían en las cuentas de Hacienda entre medidas de gasto y de ingresos. Finalmente, el Gobierno ha logrado salvar dos de ellos prácticamente sobre la bocina: el anticrisis y el que canaliza 10.000 millones de fondos europeos. Ha caído, sin embargo, el impulsado por el Ministerio de Trabajo.
Los decretos que estaban en juego eran el ómnibus, con medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación en materia de servicio público de justicia; el presentado por Trabajo, con medidas sobre conciliación y protección por desempleo; y el anticrisis, en el que se encontraba la prórroga parcial del escudo de protección social. Los tres se tenían que votar de manera independiente, pero también íntegra, es decir, sin permitirse ningún tipo de modificación. Por ello, el Gobierno no ha podido rehacer ninguno de los puntos que suscitaban las críticas de los socios de la investidura y que ponían en riesgo el primer gran órdago de la legislatura.
Pese a que Junts amenazó con tumbar el decreto ómnibus con el argumento de que ponía en peligro la aplicación de la medida de gracia a los encausados por el procés, el Gobierno ha conseguido sacarlo adelante con un voto de diferencia gracias a que la formación catalana no participó finalmente en la votación. Es el único que obtuvo luz verde en la primera vuelta. La votación relativa al decreto de las ayudas contra la inflación se ha repetido, saliendo adelante también por la mínima -con 172 votos a favor, 171 en contra y 7 abstenciones-; mientras que el presentado por Trabajo fue rechazado con 176 noes y 167 síes.
Medidas anticrisis
El decreto anticrisis, que se ha salvado in extemis gracias a la abstención de Junts, incluye una amplía batería de medidas para aliviar a los hogares ante el repunte de la inflacionista. En parte, se prorrogan sin cambios algunas palancas como la rebaja del IVA a los alimentos, además de extenderse la bonificación del transporte público a todos los usuarios habituales. Por otro lado, se mantienen de manera progresiva los descuentos fiscales en la energía.
En materia energética, el texto mantiene las rebajas fiscales del IVA de la electricidad, el impuesto especial de electricidad y el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, aunque recuperando poco a poco los tipos impositivos habituales. También prorroga la rebaja del IVA del gas durante el primer trimestre del año. En el caso de las familias vulnerables, se extiende el máximo descuento del bono social, así como la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano.
Los alimentos, por su parte, mantendrán los descuentos en el IVA hasta el mes de junio, quedándose en el 0% los productos de primera necesidad (como la leche, el pan, los huevos, las legumbres o las verduras) frente al 4% habitual, y el aceite. Las pastas, en paralelo, conservarán la rebaja que disminuye el IVA del 10% al 5%. Las bajadas fiscales en alimentos y energía suponen un coste tributario para el Estado de en torno a 2.500 millones de euros.
Otra de las palancas más importantes del decreto es la que afecta al transporte público. La propuesta del Gobierno ponía sobre la mesa la gratuidad para usuarios frecuentes de Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas estatales de autobús, así como el descuento en Avant. A su vez, se mantenía la aportación del Estado a las comunidades autónomas del 30% de la tarifa de billetes urbanos e interurbanos, siempre que los gobiernos regionales y locales aporten al menos el 20% restante para alcanzar un descuento mínimo del 50%. Estas medidas suponen un gasto de unos 1.400 millones de euros. Según los cálculos del Gobierno, el fin del decreto habría acarreado un coste adicional de 3.287 euros para una pareja con dos hijos mayores de 14 años que vive en las afueras de Madrid y que utiliza Cercanías. En Barcelona, el sobrecoste sería de 3.357 euros y en Valencia, de 5.585 euros.
El decreto también incluye otras medidas de peso como la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8%. A su vez, mantiene la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional y extiende las medidas de apoyo a la industria: reducción al 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y flexibilidad para cambiar los contratos de suministro eléctrico.
La aprobación del decreto también da oxígeno al Gobierno en materia de ingresos. El texto incluye la prórroga de los impuestos extraordinarios a las entidades bancarias y las energéticas, con una modificación normativa para que, a partir del 1 de enero, se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde e incluya un compromiso de revisión en el 2024 como figura de carácter permanente. También contempla la extensión del impuesto de solidaridad de las grandes fortunas, cuyo futuro definitivo se fía a la reforma del sistema de financiación autonómica.
Subsidio por desempleo
La negociación de esta norma supuso el último tira y afloja entre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ex vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. El voto en contra del Partido Popular, Vox, UPN y Podemos ha evitado su convalidación en el Congreso de los Diputados, por lo que decaen las siguientes normas contempladas en el Real Decreto-ley 7/2023:
- Queda en suspenso el aumento de las cuantías del subsidio por desempleo. La medida implicaba pasar de los 480 euros actuales a 570 euros durante los primeros seis meses de recepción, para pasar después a los 540 durante el segundo semestre y al cabo del primer año alcanzar el mínimo de 480 euros. Aunque la normativa ampliaba los colectivos que podrían cobrarlo a los menores de 45 sin cargas familiares y a los eventuales agrarios de fuera de Andalucía y Extremadura, la de los mayores de 52 años se mantenía igual.
- También se reducía la base de cotización del subsidio para mayores de 52 años, que fue lo que llevó a Podemos a votar en contra. Hasta ahora el Estado cotiza por estos trabajadores el 125% de la base mínima de cotización fijada legalmente cada año, que es la que sirve para generar la parte de su pensión de jubilación correspondiente a los años en los que cobran esta ayuda. Con la última modificación la cifra reducía progresivamente al 120% en 2024; al 115% en 2025; al 110% en 2026 y al 105% a partir de 2027. Esto significa que la pensión terminaría siendo algo menor que con la base mínima actual.
- Decae el permiso de lactancia, de forma que los trabajadores seguirán sin tener derecho a una hora de ausencia hasta que el menor cumpla nueve meses. Hasta ahora, el derecho a ausentarse ha estado condicionado a las previsiones de la negociación colectivo o al acuerdo con la empresa.
- Queda sin efecto la prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales y los sectoriales. Se trata de una de las medidas que el Gobierno se comprometió a llevar a cabo con el PNV a cambio de sus votos para la investidura.
Decreto Ómnibus
El decreto ómnibus recoge compromisos adquiridos con Bruselas como parte de la percepción de los fondos Next Generation. En concreto, condiciona la cuarta transferencia del dinero, por unos 10.000 millones de euros. En lo que afecta a la Justicia, recoge medidas de eficiencia digital y procesal que hasta ahora no tenian una regulación, que es lo que pedía Europa. Entre los puntos clave que se han aprobado figura lo siguiente:
Se aumentan las cantidades que los contribuyentes se podrán desgravar en la declaración de la renta por donaciones a entidades sin ánimo de lucro. En el caso de las personas físicas, se eleva del actual 35% al 40% el porcentaje de deducción aplicable con carácter general. Además, se amplía la cuantía del micromecenazgo, de 150 a 250 euros, por lo que se incentiva la generación de este tipo de donativos, ya que esa ampliación de la cuantía permite aplicar el porcentaje del 80% a una mayor cantidad de donativos.
En el caso de personas jurídicas también pasa del 35% al 40% y se reduce de cuatro a tres años el número de ejercicios necesarios para poder acceder al incremento de 10 puntos en el porcentaje de deducción. De esta forma, ese porcentaje alcanzaría el 50%.
La carpeta justicia, que permite a cada persona acceder a los expedientes en los que sea parte o interesada y pedir cita previa para ser atendida. En esta carpeta, cada persona podrá conocer sus actos de comunicación para que, si tiene obligación de hacerlo, o voluntariamente lo desea, pueda atenderlos mediante un sistema de identificación seguro. Dicho servicio podrá ofrecerse a través de un sistema común, a través de las respectivas sedes judiciales electrónicas de cada territorio o ambos. También se adoptan disposiciones para que la inmediación judicial sea preservada mediante videoconferencias.
El decreto incorpora el principio general de orientación al dato, con el objetivo de introducir el uso de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia, como la tramitación electrónica de procedimientos judiciales, la publicación de información en portales de datos abiertos o la búsqueda y el análisis de datos con fines estadísticos.
Contempla planes estratégicos de recursos humanos, que serán objeto de negociación colectiva. En materia de la oferta del empleo público, las convocatorias deberán publicarse en el mismo año natural y ejecutarse en un máximo de dos años desde su publicación. Las plazas no cubiertas podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta, previo informe del departamento con competencias en materia de función pública.
Se reduce de 5.000 a 4.000 el número de habitantes para la creación de nuevos municipios, siempre y cuando los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. La iniciativa también permite que los pueblos de menos de 20.000 habitantes compartan la gestión de algunos servicios.
Denisse López / Pablo Sempere