El Gobierno aprobó este martes un Real Decreto-ley, publicado este miércoles en el BOE, que saca adelante una amplia reforma en el ámbito judicial para lograr su digitalización. Esta nueva norma permitirá que se celebren de forma mayoritaria las vistas y los actos judiciales (como los juicios) de forma telemática en vez de presencial. Asimismo, el texto dispone que desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley (a partir de mañana), la Administración dispondrá de un plazo máximo de un año para regular el teletrabajo para los empleados de la Administración de Justicia.
El Ejecutivo saca así adelante dos de las tres leyes del ámbito judicial que quedaron pendientes de la anterior legislatura: la ley de eficiencia digital y la de eficiencia procesal. Queda aún por conocer el futuro del anteproyecto de ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia que tampoco se aprobó antes de las últimas elecciones generales. Las normas aprobadas eran necesarias, entre otras a las que el Gobierno también dios luz verde ayer, para cumplir el compromiso acordado con la Comisión Europea para recibir el cuarto desembolso de los fondos Next Generation por un importe de 10.000 euros.
Las nuevas medidas se articulan en dos bloques. El primero tiene como objetivo adaptar la realidad judicial española al marco tecnológico y digital actual; y el segundo está orientado a la eficiencia procesal, con el objetivo de garantizar procedimientos más ágiles y de hacer frente al incremento de la litigiosidad.
Así, dentro del primer bloque se reconoce el derecho de la ciudadanía y de los profesionales a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Esto se traduce en aplicaciones muy concretas como la generalización de la celebración de vistas y actos procesales por vía telemática o la creación de la Carpeta Justicia, que permitirá a cualquier persona consultar los expedientes en los que es parte o interesada, así como pedir cita previa para ser atendida.
También se impulsa el Expediente Judicial Electrónico, que incluye todos los documentos, trámites, actuaciones electrónicas y grabaciones audiovisuales que forman parte de cada procedimiento judicial. Además, se fortalece la interoperabilidad, mediante el intercambio de expedientes electrónicos tanto entre órganos judiciales o fiscales como entre la Administración de Justicia y el resto de Administraciones Públicas.
En el segundo gran bloque, el de las medidas destinadas a la eficiencia procesal, destaca que se generaliza en el ámbito penal la preferencia de la presencia telemática para la realización de actos procesales. Asimismo, en el ámbito contencioso-administrativo, se dota a los juzgados y tribunales de herramientas para agilizar la tramitación y la resolución de pleitos. Y, en los ámbitos civil y laboral, se incorpora el "procedimiento testigo", que agiliza en gran medida los procedimientos en los que se han presentado demandas idénticas con anterioridad. Es decir, que en casos idénticos, se resuelve uno de ellos cuya conclusión se aplicará al resto.
Eva Díaz