Los trabajadores funcionarios saldrán a las calles este miércoles 19 de marzo por la inacción y falta de respuesta por parte del Gobierno a la subida salarial del 0,5% pactada en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y que afecta a más de 3 millones de trabajadores entre funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector público. Se trata de una manifestación organizada por Csif, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, y que tendrá lugar frente al Ministerio de Hacienda.
El pacto, que se firmó para los años 2022-2024, sentaba las bases de la actualización de los salarios de los empleados públicos, que supondría una revalorización mínima de un 8% y que podría alcanzar hasta el 9,8% en función de diversas variables contempladas en las cláusulas de revisión.
En 2022, al 2% de subida aplicado desde el 1 de enero se sumó un alza adicional y retroactivo del 1,5%. Para 2023, se produjo un incremento del 2,5% fijo, que aumentó hasta un 1% para compensar los efectos de la inflación (un 0,5%) y por la subida del PIB nominal (se azló otro 0,5%).
El problema actual viene con el acuerdo que se firmó para 2024. El año pasado la subida fija fue del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas el año anterior.
El inconveniente reside en que sobre esta subida se podía añadir otro 0,5% adicional en el caso de que el IPC de entre 2022 y 2024 fuera superior a las alzas acumuladas en ese periodo. El alza de la inflación sobre esas condiciones sucedió, pero esta subida no ha llegado todavía y el Gobierno no se muestra dispuesto a reunirse para explicar la situación ni para pactar un nuevo acuerdo salarial.
Es por este motivo por el que el próximo 19 de marzo, los funcionarios se manifestarán frente al Ministerio de Hacienda en el que reclamarán la subida pendiente, un nuevo acuerdo retributivo, equiparación salarial y una nueva oferta de empleo público sin tasa de reposición, entre otras reivindicaciones que realiza Csif.
En el comunicado, el sindicato reclama un nuevo acuerdo salarial, ya que el anterior concluyó en 2024 y desde 2022 los funcionarios han perdido un 9% de poder adquisitivo.
Reclamaciones al Ejecutivo
Por ello, desde la central sindical solicitan al Gobierno una subida salarial automática todos los años, al igual que las pensiones o la subida del SMI. Además, piden recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, con el cobro íntegro de la paga extra.
Para poder dar relevo al 60% de trabajadores públicos que se jubilarán en los próximos 10 años, reclaman una nueva oferta de empleo público eliminando la tasa de reposición -es la ratio que, en función del número de bajas previas, determina las personas que pueden acceder a un puesto en la administración pública-. Cabe destacar que en 2024 el Ministerio de Función Pública, que estaba liderado por José Luis Escrivá, ya se planteó suprimir la tasa de reposición para aumentar la plantilla del sector público en función de las necesidades de cada grupo. Y es que, además, los trabajadores que se encuentran en las administraciones públicas son todavía un 10 % inferior a los que había en los años previos a la crisis financiera.
Para poder agilizar este relevo generacional, desde Csif reclaman un plan de estabilización de plazas de personal interino. Esta medida está directamente relacionada con la mejora de las condiciones de jubilación y la regulación inmediata para que los funcionarios puedan acogerse a la jubilación parcial.
Y es que, a partir del 1 de abril entran en vigor los nuevos requisitos de jubilación parcial, pero debido a la falta de personal en las administraciones públicas, algunas corporaciones regionales y locales han anunciado que paralizarán las solicitudes de sus empleados. Esto se debe a que, para poder aprobar una jubilación parcial, deberán contar con un trabajador que pueda dar relevo en ese puesto y que, además, cuente con un contrato indefinido y a tiempo completo para trabajar conjuntamente con el empleado sénior. Según Csif, realizar este proceso es "prácticamente imposible" porque los tiempos de contratación de los empleados públicos son muy rigurosos y requieren de un largo proceso, por lo que la jubilación parcial se demoraría más de un año.
Por último, en el comunicado de Csif también se solicita una reducción de la jornada laboral de los funcionarios de 35 horas semanales, y una equiparación salarial en las distintas administraciones.
La figura del relevista actual retrasa la llegada de la jubilación parcial
Los sindicatos que participan en las negociaciones colectivas junto al ministerio de Función Pública, CCOO y UGT, reclaman acelerar los procesos para que los sénior en las administraciones públicas puedan optar a la jubilación parcial en una carta enviada a la cartera liderada por Óscar López. En ella le exigen realizar los cambios necesarios para aprobar el derecho a la jubilación parcial para el personal funcionario, estatutario y laboral.
Esto se debe a que las modificaciones legislativas para la jubilación parcial para los funcionarios ya están pactadas, pero no se han producido por los tiempos parlamentarios. Es decir, para llevarlos a cabo antes del 1 de abril, el Gobierno tiene que cambiar el artículo 67 del estatuto de los empleados públicos (que no recoge este tipo de jubilación), afirman fuentes sindicales a elEconomista.es.
Los relevistas, según pactado, serán funcionarios de carrera (tendrán que superar una oposición y su puesto tendrá que ser no amortizable). La cuestión aquí es que se tiene que convocar un concurso o una oposición para que haya relevistas, y todo esto conlleva de unos tiempos que no son compatibles con unos procesos ágiles.
Así, las fuentes consultadas por elEconomista.es afirman que, de cara al futuro, "no tienen por qué ser solo personas que haya sacado plaza, sino que puede existir una bolsa de contratación desde la que salgan relevistas que ya han pasado el requisito de mérito y capacidad pero que no hayan sacado plaza". Esto se debe a que actualmente, los funcionarios no pueden acceder a la jubilación parcial si no se ha realizado la oferta pública, ya que no tienen un relevista para sustituirles.
Ante esta situación, la solución propuesta por los sindicatos es utilizar ofertas públicas de empleo anteriores donde haya quedado gente sin plaza, se les podría hacer relevistas y cubrir los puestos que hacen falta ahora, una posición que, afirman, Función Pública "ve bien".
El problema de todo esto reside en el artículo 67 del estatuto de los empleados públicos, que no se ha modificado y, por ello, los funcionarios no pueden acceder a la jubilación parcial.
Esther Zamora Torralba