El retraso en la modificación del reglamento de planes y fondos de pensiones está provocando que el desarrollo de la plataforma digital común se estanque durante la primera mitad del año. Este atraso de los plazos del reglamento, que rige las funciones de la plataforma, hará que no esté disponible hasta el último tramo del año o comienzos de 2024, tal y como aseguran fuentes del sector tras verse con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una reunión técnica el pasado viernes. Así, desarrollo del proyecto del fondo público de pensiones quedará pendiente durante la próxima legislatura y los sectores interesados no podrán comenzar a ahorrar este año.
El reglamento está en fase de audiencia e información pública desde el pasado 25 abril en un portal del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y hasta el 5 de mayo se podrán valorar cambios.
Este reglamento es el motivo por el que la plataforma digital común, que viene a ser el portal de información de la herramienta de previsión social complementaria pública, está teniendo dificultades para nacer. "La Plataforma Digital Común ofrecerá información general a disposición de cualquier persona o entidad, así como información privada relacionada con los planes de pensiones", recoge el documento.
Así, fuentes del sector trasladan su malestar por la celeridad para el análisis del reglamento –apenas diez días en total, con hasta dos días festivos en la Comunidad de Madrid– que dificultan el correcto análisis de un texto que deberá explicar cómo se establece y funciona este portal.
Una vez termine la fase de audiencia e información pública, este portal nacerá a comienzos de verano como una versión básica inicial que se desarrollará durante los próximos meses. Así lo recoge el reglamento, que explica que "las funcionalidades de la Plataforma Digital Común (...) se implantarán y pondrán a disposición de sus usuarios de forma progresiva, a medida que se complete el desarrollo de estas". Es en esta parte del desarrollo del portal donde fuentes del sector no reciben un calendario marcado y prevén que el Gobierno deberá trabajar aún durante unos meses para tener la plataforma definitiva de cara al público.
El macrofondo público de Escrivá prevé contar con fondos por ciclo de vida, ajustando la inversión en renta fija y variable en relación a la edad del trabajador-ahorrador, y con fondos de multiadscripción, es decir, con inversión en varios fondos con diversas políticas de inversión. Además, sobre la mesa se ha llegado a proponer inversión en fondos por compartimentos, es decir, en una especie de subfondos o grupos, una práctica poco extendida en el caso del ahorro complementario para pensiones.
Negociación colectiva
La nueva modalidad de planes de empleo de promoción pública queda, por tanto, en el aire durante este ejercicio. Hay sectores con gran interés, como el de la Construcción. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC), presumió el jueves pasado de ser el primer plan de pensiones de empleo sectorial a nivel estatal bajo este formato. Su presidente, Pedro Fernández Alén avanzaba "muy pronto" el plan.
De paso, el Grupo Parlamentario Plural aprovechó la Ley de Movilidad Sostenible para proponer una enmienda sobre el Estatuto de los Trabajadores relativa a la negociación colectiva y los planes de pensiones de empleo. A través de esta enmienda, proponen que las empresas tengan el "deber de negociar medidas para promover la implementación de planes de pensiones de empleo en las empresas", que modificaría el artículo 85.
Fuentes jurídicas creen que la falta de acogida hasta la fecha tiene que ver con un cierto escepticismo a recurrir al sector privado. Desde el sector financiero creen que sería necesario combinar la enmienda con más incentivos.
José Miguel Arcos