Tras varios ultimátums, la Comisión Europea finalmente ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir su normativa sobre conciliación familiar. Según ha informado este jueves, Bruselas ha pedido a la Justicia europea que imponga "sanciones económicas" a España y a otros dos Estados miembros —Irlanda y Bélgica— por no haber comunicado dentro del plazo la transposición de las medidas contempladas en una directiva adoptada en 2019.
España tenía hasta agosto de 2022 para comunicar la plena transposición de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional. Esta recoge una serie de permisos —de paternidad, parental, para cuidadores o fórmulas de trabajo flexible— que los 27 debían reconocer en sus territorios tras haber ratificado hace cuatro años la normativa unida a la Estrategia Europea de Cuidados.
Pero en septiembre de ese mismo año todavía había 19 países que no habían trasladado a Bruselas los detalles de esa trasposición. Entre ellos, España, que recibió una carta de la Comisión emplazándole a que cumpliera con su normativa. Meses después, en abril de 2023, volvió a llamar la atención a los 11 Estados miembros que seguían sin notificar las medidas nacionales de plena transposición, dándoles un último aviso.
"Estos países disponían de dos meses para tomar las medidas necesarias de acatamiento del dictamen motivado", explica la Comisión Europea en un comunicado. Pero a día de hoy, Bélgica, Irlanda y España todavía no han comunicado las medidas de transposición, por lo que Bruselas ha pedido al TJUE que "imponga sanciones económicas a dichos Estados miembros".
Un marco común de conciliación
La directiva aprobada en 2019 establece normas mínimas para el permiso de paternidad, el permiso parental y el permiso para cuidadores, y recoge también el derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible para el cuidado de dependientes. "Estas nuevas normas pretenden facilitar el desarrollo de la carrera profesional y de la vida familiar sin tener que sacrificar ninguna de las dos cosas", defiende la Comisión.
La directiva busca también aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral, teniendo en cuenta que la tasa de empleo femenino en la UE es 10,8 puntos porcentuales inferior al de los hombres; y que solo el 68% de las mujeres que cuidan desempeñan una actividad laboral, frente al 81% de los hombres. Así, fija unos mínimos, un marco común en los permisos por cuidados para mejorar la conciliación de la vida privada y profesional.
En el permiso de paternidad, por ejemplo, el padre tiene un derecho de al menos diez días laborables desde el nacimiento del hijo, y la prestación debe ser, como mínimo, igual a la que se recibiría por una baja por enfermedad. Regula también el permiso parental, dirigido a los dos progenitores, con una baja de un mínimo de cuatro meses (dos de ellos retribuidos e intransferibles), que pueden solicitar a tiempo completo, parcial, o alternando.
En cuanto al permiso para cuidadores, establece que cualquier trabajador que preste cuidados a un familiar o dependiente que viva con él tiene derecho a un permiso de cinco días laborables al año como mínimo. Y, por último, reconoce fórmulas de trabajo flexible, esto es, el derecho de cualquier persona con un hijo de hasta al menos ocho años a pedir una reducción de su jornada, un horario más flexible o condiciones de flexibilidad en el lugar de trabajo.
Durante la anterior legislatura, el Gobierno impulsó la ley de familias, que se aprobó en Consejo de Ministros, pero nunca llegó a tramitarse al convocarse elecciones. Recogieron, eso sí, una serie de derechos en un decreto que contemplaba permisos retribuidos de cuatro y cinco días al año por causas de fuerza mayor y por cuidado de familiares, respectivamente, y también otro de ocho semanas para cuidado de los hijos.
Lo cierto es que, según esos nuevos permisos reconocidos, la directiva está transpuesta en España a día de hoy, salvo en la remuneración del permiso parental de ocho semanas. Lo que sucede es que, durante esos 11 meses de incumplimiento, y a pesar de haber aprobado esas medidas, la Comisión insta a España a pagar por esos meses sin cumplir con la directiva.
Elena Omedes