La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a seis meses de prisión y a un año de suspensión de empleo y cargo público a un exjefe de la Oficina de Tramitación de Documentación para Ciudadanos Extranjeros dependiente de la Comisaría Provincial de Policía Nacional por cobrar dinero o recibir regalos -de naranjas a licores o un mes de pensión completa en Marina d’Or- a cambio de dar citas o agilizar trámites para 12 usuarios, entre los que se encuentran ciudadanos chinos, argelinos, rumanos o marroquíes, que también han sido condenados a seis meses de cárcel.
El Tribunal considera a los 13 acusados autores de un delito de cohecho, según recoge la sentencia hecha pública este martes por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.
El funcionario, jefe de negociado de la Oficina de Extranjería, ubicada en la plaza Teodoro Izquierdo de Castellón, de 60 años en el momento de los hechos, fue detenido en marzo de 2021. Tenía entre sus funciones supervisar la tramitación de la documentación expedida a ciudadanos extranjeros así como “proceder a la apertura de forma aleatoria del sistema de citas” de la citada oficina, y que funcionaba “mediante el establecimiento de dos filas para la atención ciudadana de extranjeros”.
Una de ellas se configuraba de forma automática según las solicitudes llegadas a través del portal web de cita previa. La segunda la confeccionaban los propios agentes “con aquellos ciudadanos que acudían a la oficina para hacer cola sin haber obtenido cita previa”. “De este modo -indica el fallo como hechos probados- no se podía atender en la citada oficina a ningún ciudadano extranjero que no estuviera registrado en alguno de los dos listados mentados”.
Según recoge la resolución judicial, entre 2020 y 2021, hizo uso de su “estatus laboral” en beneficio propio para “obtener dádivas y dinero”, a fin de dar acceso a la tramitación de documentos a extranjeros, “obteniendo de este modo una contraprestación a sus servicios en atención al cargo que ostentaba”.
Durante este tiempo recibió un perfume, bolsas de naranjas y alcachofas que el propio acusado depositó en su coche, pasteles, botellas de licor chino, una caja de vino, botes de desinfectante, un congelador o un mes de pensión completa con todo incluido en el complejo turístico Marina d’Or de Oropesa, entre otros obsequios. Regalos que algunos de los procesados llegaron a entregar al funcionario en la propia oficina, en su domicilio familiar o en gasolineras o supermercados ubicados en las inmediaciones de su puesto de trabajo.
A cambio, expidió NIEs (Número de Identidad de Extranjero) y tramitó tarjetas de residencia de larga duración, informó de cuándo salían nuevas citas en el portal web o alertó del estado de los trámites que le solicitaba el resto de procesados. Todo ello sin necesidad de que estos últimos respetaran colas ni turnos.
La causa, tramitada mediante el procedimiento del Tribunal del Jurado, incorporaba un escrito de acusación conjunta en el que los acusados y la Fiscalía solicitaban que se dictara sentencia de conformidad. El pasado 29 de septiembre debía celebrarse el juicio. Los encausados admitieron los hechos y ratificaron el acuerdo previo, por lo que el magistrado presidente dictó sentencia in voce sin necesidad de constituir el jurado popular.
La sentencia es firme al haberse dictado con conformidad de las partes, por lo que contra ella no puede presentarse recurso alguno.
Desde el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Castellón, uno de los operadores jurídicos, junto al de Gestores Administrativos y Abogados, que más trabajo realiza para la tramitación de expedientes en Extranjería, constataron al conocerse la detención del funcionario el problema para obtener una cita en las dependencias de la plaza de Teodoro Izquierdo. Las demoras para lograr cita en el caso de estas dependencias eran superiores a los tres meses.
María Pitarch