Los funcionarios de la Administración de Justicia han decidido suspender la huelga indefinida hasta la formación del nuevo Gobierno que resulte de las elecciones del próximo 23 de julio. El comité de huelga ha acordado por unanimidad paralizar la reivindicación, que comenzó hace casi tres meses, hasta la investidura del próximo Ejecutivo. Esto no significa que el conflicto haya terminado, pues, según avisan, las reclamaciones salariales y laborales se pondrán de manifiesto ante el próximo equipo que dirija el Ministerio de Justicia.
Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que forman el comité de huelga de los funcionarios de Justicia, han anunciado en un comunicado que congelan las reivindicaciones durante un tiempo, revirtiendo así la decisión de hace unos días de seguir adelante con las jornadas de huelga tras conocer el adelanto electoral.
Antes de poner el fin temporal a los parones, el comité ha confirmado que mantiene la convocatoria de las dos jornadas de huelga general previstas en plena campaña electoral: una el 11 de julio, con una concentración ante el Palacio de la Moncloa, y otra el 20 de julio, coincidiendo con la inauguración de la Presidencia española de la Unión Europea en materia de Justicia.
Sin avance en la negociación
Según han explicado, la suspensión de los paros se adopta porque el actual equipo ministerial dirigido por Pilar Llop está “en clara descomposición” y “enrocado y a la defensiva” para evitar una negociación. La protesta de los funcionarios de Justicia se inició el pasado 17 de abril con paros parciales y se intensificó el pasado 22 de mayo con huelga indefinida, después de que los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograran, el pasado mes de marzo, un aumento de hasta 450 euros al mes, tras llevar a cabo más de dos meses de huelga.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia se reunió con las asociaciones de jueces y fiscales, que también amenazaron con colgar las togas, para negociar otra subida salarial en la misma línea.
Los funcionarios reclaman un incremento retributivo de hasta 430 euros mensuales, así como la mejora de sus derechos laborales, que se vieron, según explicaron, perjudicados con la aprobación de la Ley de Eficiencia Organizativa de Justicia, que se encontraba en trámite parlamentario y que finalmente ha decaído con la disolución de las Cortes Generales.
Tras tres meses de huelga sin avances en la negociación, a lo que se suma la llegada de las vacaciones y el periodo de descanso de los trabajadores y el “agotamiento económico que supone una movilización de tan largo alcance”, los funcionarios han acordado por unanimidad darse un respiro hasta conocer el resultado de las urnas. De hecho, los sindicatos del comité de huelga advierten de que el conflicto “continúa” y que el próximo Gobierno “ya sabe que tiene un problema que resolver nada más llegar al cargo”.
Sin propuesta
En este sentido, los funcionarios achacan la culpa a Justicia de mantener un conflicto que ha provocado gran parte de la paralización de los juzgados, que se han visto obligados a suspender vistas judiciales y frenar la tramitación de procedimientos. “La situación no ha cambiado desde el pasado 13 de junio”, cuando se produjo la última reunión, han destacado los sindicatos.
El último encuentro acabó con el encierro durante unos días, en la propia sede del Ministerio, por parte de la representación de los funcionarios. “Sigue sin presentar propuesta alguna para abrir un proceso de negociación”, añade el comité de huelga, en referencia a Justicia.
Por otro lado, los funcionarios, que también propusieron abrir un proceso de mediación extrajudicial para alcanzar un acuerdo, han enviado una carta al comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, y a la presidenta de la Comisión Europea responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, instándoles a “reclamar al Gobierno” de Pedro Sánchez “una solución pactada al conflicto”, según informó Europa Press.
Nuria Morcillo