Este martes se cumplen dos meses de la entrada en vigor de la Ley de Paridad que, por un error imputado al Ministerio de Igualdad, derogaba la nulidad objetiva de los despidos de personas que piden una adaptación de jornada, incluido el teletrabajo, para "hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral". El Gobierno dio por resuelto el problema con la introducción a principios de septiembre de una enmienda a otra ley en el Congreso, pero este proceso no ha avanzado en absoluto: La solución permanece atascada en la Cámara Alta sin fecha para su tramitación y algunas fuentes parlamentarias estiman que puede que no entre en vigor hasta entrado el próximo año.
Pero el problema no es solo el retraso, sino que dejará en un limbo a todas las personas en esta situación que sufran un despido desde el pasado 22 de agosto hasta que la nueva norma llegue al Boletín Oficial del Estado (BOE). Una incertidumbre que no solo afectará a quienes sean despedidos tras pedir un cambio en su horario, también a los que dispusieran de unos días por los problemas de salud de un pariente o dependiente enfermo.
Y es que la enmienda introducida por el PSOE no precisa que la recuperación del blindaje contra el despido vaya a ser retroactiva. A pesar de ser una exigencia de los sindicatos, tampoco nadie en el partido ni en Ejecutivo, empezando por la ministra de Igualdad, Ana Romero, se ha pronunciado en este sentido. Hay que tener en cuenta que aplicar la retroactividad a despidos ya producidos es un escenario inédito y de una enorme complejidad jurídica. Por el contrario, han esgrimido el argumento es que esas 'víctimas' de despidos quedan protegidas por una interpretación favorable de la jurisprudencia laboral.
Pero esto, en la práctica, significa que se encuentran exactamente en la misma situación en la que estaban antes de junio de 2023, cuando se introdujo esta prevención en la normativa precisamente porque las sentencias de los no estaban garantizando que los despidos en esos casos fueran nulos.
Los juristas ya han advertido de que los tribunales aplicarán lo que dicte la ley en vigor y esta no garantiza una "nulidad objetiva" y automática del despido. En todo caso, el demandante tendrá que demostrar que su despido deriva directamente de su petición a la empresa o la situación en la que se encuentre. Y en ese supuesto será el juez el que decida si el cese debe revertirse (lo que algunos laboralistas llaman "nulidad indiciaria"). Un proceso mucho más complejo e incierto de lo que sostiene el Gobierno.
Desde Trabajo se habla de un refuerzo de las inspecciones en estos casos, lo que aportaría indicios de vulneración de los derechos del trabajador en un proceso judicial. Pero esta, de nuevo, es la situación que había antes de junio de 2023 y, además, los laboralistas recuerdan que la inspección sufre ya una enorme carga de trabajo como para entrar a analizar 'caso por caso'.
En cualquier caso, lo ocurrido no es responsabilidad del departamento que dirige Yolanda Díaz. Fue Igualdad la que provocó la 'crisis' en una enmienda en el trámite parlamentario de la Ley de Paridad con la que pretendía subsanar un error precedente cometido por este mismo ministerio en la anterior Legislatura, cuando estaba bajo la gestión de Podemos y la batuta de Irene Montero. Entonces, las afectadas fueron las víctimas de violencia sexual, que vieron cómo su blindaje se retiraba por un error en dos leyes sucesivas.
Pero al plantear su solución, el equipo, ahora socialista, de Ana Redondo borró una prevención que el Ejecutivo había introducido solo unos meses antes, en junio de 2023, para proteger a las personas que pidieran cambiar (no reducir, su jornada para conciliar o tuvieran que cuidar de familiares enfermos. Lo sorprendente es que nadie, incluyendo a todos los grupos parlamentario, se percató de las implicaciones del texto, que superó todos los trámites parlamentarios y aterrizó en el BOE el 2 de agosto. De hecho, fueron los propios laboralistas los que dieron la voz de alarma.
Un complejo trámite parlamentario
Sin embargo, la solución tendrá un camino igual de accidentado. La enmienda se introdujo 'in voce', es decir, a viva voz en la ponencia de la Ley en materia de Eficiencia del Sistema del Servicio Público de Justicia con acuerdo de todos los grupos presentes en la Comisión de Justicia que ese mismo día debatía otra norma que ha protagonizado su propia polémica: la ley que transpone la directiva en materia de antecedentes penales y que incluye una enmienda de Sumar que permitirá adelantar la salida de prisión de decenas de presos de ETA. Como ocurrió con la modificación de la Ley de Paridad, todos los grupos, incluyendo PP y Vox, la votaron sin ser conscientes de su contenido.
En la intensa polvareda política y mediática que ha seguido a esta otra norma, la Ley de Eficiencia que recupera el blindaje contra los despidos para quien quiera conciliar ha quedado completamente olvidada. Fuentes parlamentarias avisan de que el proceso puede ser lento e incluso a demorarse a principios de 2025.
Recuerdan que la norma tiene carácter orgánico, por lo que exige mayorías parlamentarias más sólidas que una ley ordinaria. Esto que complica los plazos, sobre todo en el Senado con mayoría del PP, sobre todo tras lo ocurrido con la normativa sobre antecedentes penales. Pero antes tiene que salir del Congreso. En primer lugar, el dictamen de la ponencia debe debatirse en la Comisión de Justicia para discutir las enmiendas que siguen vivas, un trámite para el que aún no hay fecha fijada. A continuación, previsiblemente en una o dos semanas, pasaría al Pleno.
Estos debates no afectan directamente a la corrección del error, que ya ha sido incorporada al texto, pero sí pueden retrasar enormemente su entrada en vigor. Por otro lado, en la Cámara Alta se pueden plantear nuevas enmiendas (incluyendo la clarificación de la retroactividad). Algunos hablan de hasta "cinco meses" hasta que se supere el trámite, que se extendería así hasta febrero o marzo de 2025. Hasta entonces, los afectados por despidos seguirán en una situación
Javier Esteban