Por ello, el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo ha anunciado este miércoles que ha enviado 124.331 cartas a distintas empresas para recordarles esta circunstancia, ya que ha detectado irregularidades en el cómputo de la jornada laboral real de 239.767 relaciones laborales.
El aviso ha sido publicitado a través de un mensaje en las redes sociales de la Inspección, en el que indica que la ITSS ha puesto en marcha un Plan de Choque contra el Fraude de Contratos a Tiempo parcial. Según indican fuentes del organismo, la última vez que se realizó un plan de choque en esta materia fue hace dos años, en 2022, y como resultado se incrementó la jornada —puesto que se detectó que se realizaban muchas más horas de las reconocidas— en 47.190 relaciones laborales. Se trata de un incremento similar al que se produjo tres años antes, en 2019, cuando se modificaron al alza las jornadas de 40.765 relaciones laborales.
Pese a que con la aprobación de la reforma laboral en diciembre de 2021 el escudo laboral pretendía reforzar la seguridad en sus puestos de los trabajadores, todavía hoy siguen produciéndose distintas prácticas irregulares en las contrataciones. Es el caso del abuso de la figura del fijo discontinuo, que se determina para casos en los que la relación laboral con la empresa debería ser la de un indefinido.
Esta ha sido una de las líneas principales líneas de actuación de la Inspección en los últimos años, a la que ha seguido el control de la jornada laboral. Fundamentado no solo en la supervisión de que las horas de trabajo realizadas correspondían al tipo de contrato adquirido —el exceso más habitual pasa por realizar un contrato a tiempo parcial y desarrollar una jornada completa—, sino en el propio registro de la jornada laboral, obligatorio por ley desde mayo de 2019.
El propio Ministerio de Trabajo, por boca del secretario de Estado del ramo, Joaquín Pérez Rey, ha anunciado que endurecerá la formulación para llevar a cabo este cómputo, de manera que una vez aprobada la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas —para lo que resta una última reunión con los sindicatos, tras descolgarse del acuerdo las patronales— se abroche mejor la obligatoriedad de la norma El Gobierno busca terminar con los registros hechos con papel y boli, fácilmente modificables.
La lucha contra el fraude contractual ha sido una constante para la Inspección en los últimos años. Entre enero y octubre de este año se han transformado 43.000 contratos temporales en indefinidos y casi 52.000 han pasado de fijos discontinuos a fijos ordinarios como consecuencia de las campañas de seguimiento que se han producido.
“De los 95.000 contratos transformados, alrededor de 50.000 los fueron debido al primer plan de choque que se lanzó en mayo”, explican en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. De hecho, hace un mes este organismo volvió a enviar casi 40.000 cartas a empresas en las que se aprecian indicios de empleados temporales o fijos discontinuos que deberían ser indefinidos al uso.
Falta de medios
Sin embargo, el malestar por la escasez de recursos dentro de la Inspección sigue haciendo constantes las muestras de desagrado por parte de inspectores y subinspectores. Estos vienen denunciando en los últimos años se ha producido un aumento de la carga de trabajo.
Este miércoles el sindicato de inspectores ha avisado de que el Gobierno no podrá reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas de manera efectiva si no se refuerza a nivel operativo y a nivel de recursos a la Inspección, que es la encargada de hacer cumplir la normativa social. Así lo ha trasladado la presidenta de la organización, Ana Ercoreca, durante una reunión de la Comisión de Trabajo y Economía Social en el Senado.
Ercoreca ha comparecido para informar de la labor de los inspectores y de las necesidades y retos actuales de su organismo. Y ha avisado de que la Inspección está trabajando por encima de sus posibilidades, a la vez que ha reivindicado el papel de este organismo para “garantizar un futuro y unas condiciones de trabajo dignas”.
Gorka R. Pérez