La cuesta de septiembre será un poco menos dura para los más de 3,3 millones de empleados públicos de todas las administraciones (estatal, autonómica y local), si tal y como está previsto, sus próximas nóminas de octubre recogen un incremento salarial del 0,5%. Este se aplicará, además, de forma retroactiva desde el pasado enero, según han informado este miércoles el Área Pública de CC OO y la federación de Servicios Públicos del sindicato UGT. No obstante, el Gobierno debe aún publicar la orden de pago de estas cantidades en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que se hagan efectivas en octubre y, de no hacerlo a tiempo, se tendrán que abonar posteriormente, pero siempre con efectos desde enero de 2023.
Esta subida de sueldos para los empleados públicos estaba prevista en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado por UGT y CC OO en octubre del año pasado. Dicho acuerdo recoge para 2023 dos incrementos salariales: una subida fija del 2,5%, que ya se aplicó en enero pasado, y dos posibles subidas variables adicionales del 0,5% cada una. La primera estaba prevista si el IPC armonizado de 2022 y 2023 (hasta septiembre) superaba el 6%, algo que —a falta de la publicación del IPC a finales de septiembre— previsiblemente ocurrirá (con los datos actuales sería del 8′3%, ha calculado CC OO). “Esta subida tendrá carácter retroactivo desde enero consolidable y se hará efectiva en octubre de 2023″, recuerdan en UGT.
La segunda subida salarial incluida en el acuerdo para 2023 se aplicará si el PIB de este año alcanza el 2,1%. La previsión que actualmente maneja el Ejecutivo es precisamente que la economía española crezca en ese mismo porcentaje, algo que comparte la OCDE tras revisar al alza en julio las previsiones de crecimiento para España. Otros analistas, como los de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), estiman, en cambio, que el avance del PIB podría ser del 2,2% en este ejercicio, lo que activaría igualmente el tercer incremento salarial para los empleados públicos en 2023.
Este mismo acuerdo marco propició un incremento de los sueldos de estos trabajadores de un 3,5% en 2022 y a las nuevas alzas de 2023 habrá que sumarles las acordadas para 2024; en total recibirán un incremento de sus retribuciones del 8% como mínimo entre los tres ejercicios. Los sindicatos recuerdan que el momento de inestabilidad política que atraviesa España, con el Gobierno en funciones, podría obligar a una prórroga presupuestaria, lo que congelaría los salarios públicos si no hubiera existido este acuerdo marco. Sin embargo, para el próximo año, el pacto incluye un nuevo incremento salarial del 2% fijo más otro 0,5% variable asociado al IPC armonizado de los tres años anteriores, que se activará si la inflación entre 2022 y 2024 fuera superior a las alzas acumuladas en ese periodo (8%). Este incremento también tendrá efectos desde el 1 de enero de 2024, si se produjera, algo que, a fecha de hoy, se presenta más improbable.
En este acuerdo trianual entre el Gobierno, UGT y CC OO se contempla también la reimplantación de la jornada de 35 horas en las administraciones públicas. Esto está suponiendo eliminar las limitaciones previstas en la disposición adicional 44 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 para que cada administración, en función de sus competencias, establezca esa jornada para su personal. Se prevé que esta decisión de reducir la jornada se tome tras la correspondiente negociación colectiva en la mesa u órgano correspondiente.
Raquel Pascual Cortés