La Inspección de Trabajo agilizará su proceso sancionador

El Reial decret 1011/2023, del 5 de desembre, pretén agilitzar i simplificar el procés de sancions dut a terme per l'Organisme de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (OITSS).

noiEl Consejo de Ministros ha aprobado hoy, por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social, un Real Decreto destinado a agilizar y simplificar el proceso de sanciones llevado a cabo por el Organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OITSS).

El objetivo es permitir que tanto la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como las Comunidades Autónomas puedan gestionar conjuntamente el proceso sancionador en el ámbito laboral y de seguridad y salud en un entorno tecnológico compartido. Esto se logrará mediante la adhesión de ambas administraciones a plataformas o aplicaciones informáticas específicamente diseñadas para este propósito.

Hasta la fecha, la intervención de diversas administraciones en la confirmación de los informes de la ITSS en asuntos laborales o de seguridad y salud en el trabajo había provocado retrasos en su tramitación. Con esta medida, se busca una gestión más eficiente, ágil y conectada para el manejo de sanciones.

Además, se establecerá un Registro Electrónico de Apoderamientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este registro, en un entorno tecnológico común, simplificará la interacción con los ciudadanos o las entidades sujetas a inspección.

El Real Decreto aprobado este martes implica modificaciones en el reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, estipulados en el Real Decreto 928/1988, del 14 de mayo. También afecta al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, en lo referente a la administración electrónica.

El uso eficiente de la tecnología permitirá una planificación más certera de la actividad inspectora a la vez que posibilitará reducir los tiempos y las gestiones administrativas en beneficio de la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y la leal competencia entre las empresas.

 

Alfonso Bello Huidobro

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elEconomista.es
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