España ha vivido un fenómeno inédito en los tres últimos años, con un repunte de las dimisiones y bajas voluntarias de afiliación que suma 1,65 millones de bajas de afiliación en los siete primeros meses del año, un 2% más que en 2023. La particularidad es que, al contrario de lo ocurrido en otros países que protagonizaron la denominada 'Gran Renuncia', los datos no dan señales de retroceso, sino de estabilización. Algo que apunta a un cambio estructural y permanente en el mercado de trabajo que obliga a repensar las reglas del juego no solo a las empresas, sino también a los legisladores y juristas.
Y es que cada vez más expertos apuntan que el auge de las renuncias ha puesto sobre la mesa una realidad social ante la que la legislación se ha quedado anticuada. El catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y senior counsellor de PwC, Miguel Rodríguez-Piñero, habla de 'trabexit' y apunta que esta visión "desfasada" definición de las relaciones laborales niega el reconocimiento al "derecho a decidir" de los trabajadores
Esto afecta a una cuestión que, de entrada, resulta polémica: si deben tener derecho a una prestación por desempleo. Aunque un elevado porcentaje de estas personas no renuncia por un cambio de trabajo sino por otras circunstancias lo que les convierte en desempleados, aunque se inscriban como demandantes de empleo en un servicio público de empleo no tienen derecho a la misma protección que un parado que ha sido despedido, aunque haya cotizado en las mismas condiciones.
Ello le cierra la puerta también a los subsidios, pero además le sitúa en segunda línea de atención de las políticas activas de empleo, que priorizan a los perceptores de ayudas. Además, si la marcha se produce de mutuo acuerdo y con una compensación, esta recibe un trato fiscal mucho peor que el de una indemnización por despido.
La situación, como hemos contado en elEconomista.es, lleva a que muchas empresas simulen los despidos de trabajadores que se van para mejorar sus condiciones, lo que supone un fraude de ley, aunque se produzca de buena fe, como advertía en un reciente estudio el abogado y catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria, Iñigo Sagardoy.
Un lastre para cambiar de empleo
En los casos en los que la marcha no es amistosa, muchos trabajadores ven limitadas sus opciones de encontrar empleo por restricciones como las cláusulas de no competencia que las empresas impusieron al contratarles. La justificación de evitar la filtración información sensible, pero en muchos casos se utiliza para retener a los empleados descontentos bajo la amenaza de una 'sanción'.
Cuando el trabajador es despedido su aplicación es compleja (ya que la empresa la que extingue la relación laboral), pero no si se trata de una renuncia la cláusula se convierte en una verdadera losa que impide al trabajador buscar trabajo en su mismo sector durante meses.
La legislación europea avanza hacia eliminar estas restricciones en la movilidad laboral voluntaria, pero en España los cambios legales siguen lastrados por el hecho de que 'dimitir' sigue siendo un concepto 'extraño' y que ni siquiera ha sido bien estudiado por las estadísticas de empleo. Lo que impide conocer las condiciones exactas y lo motivos por las que se producen.
Según un estudio de Fedea, las renuncias se concentran en los trabajadores que menos tiempo llevan trabajando. Algo lógico en el caso de los temporales (se sienten menos ligados a empleos con fecha de caducidad), pero que aplicado a los indefinidos resulta más difícil de explicar en un país que, hasta hace poco, consideraba un éxito firmar un contrato estable.
Anclado en visiones y valores anteriores
Según la misma investigación, dirigida por Florentino Felgueroso, no todas las renuncias se traducen en un cambio directo de empleo. La insatisfacción con el trabajo o las dificultades para conciliar, sumado a la perspectiva de que a futuro les resultará más fácil encontrar otro puesto indefinido, puede hacer que estos asalariados que llevan poco tiempo en una empresa (y por tanto no han acumulado ventajas por antigüedad) sean más proclives a dar un 'salto al vacío'.
Profundizar en esta investigación es fundamental para que los legisladores entiendan plenamente los riesgos y consecuencias que tiene dimitir para los trabajadores para dimitir En palabras de Rodríguez-Piñero, esta falta de análisis avala un marco legal "anclado en visiones y valores anteriores" que no reconoce "márgenes de decisión suficientes en cuanto al trabajo y la actividad profesional", con lo que las personas "deben afrontar los costes de todo tipo de sus elecciones".
Pero por ahora, casi todos los análisis de u potencial impacto de la Gran Renuncia en España (con notables excepciones como los trabajos de Rodríguez Piñero, Felgueroso, y Sagardoy) siguen pasando por encima de la situación laboral y legal que afrontan los propios trabajadores al renunciar. Una cuestión que no parece prioritaria en las reformas laborales (de jornada y del despido) que se plantean en el horizonte a medio plazo.
Javier Esteban