Los cambios introducidos por la reforma laboral en el mercado de trabajo español para reducir la temporalidad de los contratos son cada vez más visibles, aunque la velocidad de la transformación avanza a diferentes ritmos. El nuevo marco entró plenamente en vigor el pasado 31 de marzo y ya en los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es evidente que crece la contratación indefinida y baja la temporal, que con la nueva regulación queda reducida a casos muy justificados.
El freno al abuso de la temporalidad en las contrataciones fue el eje sobre el que se amasó el consenso para la reforma laboral el pasado mes de diciembre. Sectores como el de la construcción han tenido que adaptarse rápidamente al nuevo marco legal, al desaparecer el contrato de obra y servicio que tanto utilizaba para ser sustituidos por indefinidos en la modalidad de fijos discontinuos, que permite alternar periodos de actividad e inactividad.
El resultado es que la temporalidad, que hasta el año pasado dominaba en la firma de nuevos contratos en una proporción de nueve a uno y que ha estado asociada a una situación laboral precaria en España, está retrocediendo.
Lo llamativo que sean las empresas privadas las que estén acometiendo el cambio de una manera mucho más decidida que el sector público, que al fin y al cabo es el que promueve acabar con la temporalidad y, sin embargo, la sigue aumentando.
Lo dejaba caer ayer el Banco de España en su análisis de los datos de la EPA, al señalar que la ratio de temporalidad española se sitúa en el 24,2%. "El descenso trimestral de la ratio de temporalidad se concentró en la economía de mercado, hasta el 21,8% de los asalariados, 1,9 puntos porcentuales. Por debajo de la observada a finales del año pasado. Por el contrario, esta ratio en los servicios de no mercado -que además de la Administración Pública incluye el sector de la Educación y el Sanitario- siguió aumentando, hasta el 30,9%".
Es justo la tendencia contraria a la que señala el nuevo marco del mercado de trabajo. La diferencia con el sector privado (21,8%) rozaría los 10 puntos porcentuales con la reforma laboral ya en vigor. La temporalidad en la contratación en la Administración Pública está liderada por el área autonómica y ha sido una de las razones por las que el dato general de este tipo de contratación en España resulte tan elevado. De hecho, siendo la Construcción el sector que ha dominado con claridad el uso de los contratos por obra y servicio en España, la Administración pública figura en puesto destacado por estos contratos, sobre todo en el caso de empleados jóvenes, según un informe elaborado para Esade por Ángel Martínez Jorge y Carlos Victoria.
El mismo motivo, el del exceso de temporalidad en el sector público, ha sido señalado por la Comisión Europea como uno de los aspectos en los que la reforma laboral debe dar resultados. En este sentido, el sindicato de funcionarios CSIF indicó ayer que la tasa neta en el sector asciende al 32.4% y advirtió de que las administraciones públicas tienen apenas un mes de plazo (1 de junio de 2022) para publicar ofertas de empleo público con las que renovar sus plantillas con menos contratación temporal y más indefinida. CSIF llamó precisamente la atención sobre las necesidades del sector sanitario, que es una de las áreas donde se ha centrado el ajuste de plantillas una vez superada la crisis del Covid-19.
La alteración que ha supuesto el descontrol de los precios en la recta final de 2021 y el primer trimestre de 2022 ha pasado factura al mercado laboral, que parece haberse contagiado de las dudas y el nerviosismo que dominan el resto de la economía. Entre los pasados enero y marzo, la mejora vivida a lo largo de 2021 sufrió un brusco frenazo en el primer trimestre del año que se tradujo en la destrucción de más de 100.000 empleos, según datos de la Encuesta de Población Activa elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)..
Pese a que las cifras registradas en el último año siguen siendo netamente positivas como resultado de la recuperación de la crisis pandémica, el estallido de la guerra en Ucrania y la crisis energética y de precios que se ha producido, detuvieron la mejora de uno de los mercados laborales más problemáticos de la Unión Europea.
El primer trimestre del año suele ser más negativo que los posteriores en términos de generación de empleo, pero entre enero y marzo el paro subió en 70.900 personas, lo que supone casi un 2,3% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se redujo en 100.200 puestos de trabajo (-0,5%), su menor descenso en un primer trimestre desde 2019, cuando se destruyeron 93.400 empleos.
Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 3.174.700 personas y el de ocupados, en 20.084.700 personas, con lo que la tasa de paro se sitúa en el 13,6%, sin ofrecer señales de grandes avances para reducir la brecha con una media europea que casi duplica.
Por sectores, los datos del INE reflejan que en el último trimestre la pérdida de empuje se ha dejado sentir sobre todo en las actividades relacionadas con los servicios, la industria y la agricultura. La construcción, que vive un periodo de reactivación con necesidades no cubiertas de trabajadores y pendiente de la subida de precios de los materiales básicos, fue la excepción.
César Urrutia