El Gobierno revisará la orden ministerial que permitirá recuperar la cotización de aquellos alumnos que en el pasado realizaron prácticas formativas, académicas externas o estudios oficiales de doctorado en programas de formación de naturaleza investigadora. Así lo han avanzado los sindicatos tras la reunión de la mesa de pensiones formalizada esta tarde. El principal motivo son los costes derivados de la normativa aplicada, que además 'se olvida' de los investigadores o profesionales en prácticas remuneradas anteriores a 2006.
El nuevo esquema de cotización propuesto por el Gobierno tiene un gran punto de desencuentro con los sindicatos: el coste para quienes soliciten la recuperación de los años cotizados. La normativa detalla que quienes quieran convalidar un periodo de trabajo no cotizado tendrán que abonar la base mínima de cotización de 2024 con un coeficiente reductor del 0,77, independientemente de cuándo realizaron esas prácticas y cuál era la base de referencia entonces.
Es decir, abonan el equivalente al 0,23% de una base mínima de 1.323 euros. Cada mes que quiera recuperar el trabajador que hizo prácticas tendría un coste de unos 300 euros a cargo del antiguo becario, independientemente del año en el que hizo esas prácticas y cuál era la base mínima de referencia entonces.
"La actual base de cotización mínima es superior a la base máxima de muchos grupos de cotización en los años objeto de reclamación", comentaba Carlos Bravo, secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social. Fernando Luján, vicesecretario General de Política Sindical de UGT, comentaba la problemática concreta de los investigadores o las prácticas no laborales realizadas antes de 2006, que quedarían limitadas con la actual propuesta del Gobierno.
Los sindicatos han afirmado tras la reunión que el Gobierno ha aceptado revisar las condiciones de la norma, sin especificar los detalles concretos que aún deben negociar. La Seguridad Social tiene previstas varias reuniones con grupos implicados en la normativa, como los científicos, y evaluará las diversas propuestas presentadas para incorporarlas al desarrollo reglamentario de la cotización de los becarios, según ha avanzado el secretario de Estado, Borja Suárez.
De igual manera, llevarán a la mesa de pensiones la posibilidad de que los mutualistas de los colegios profesionales como los abogados o los procuradores tengan una 'pasarela' y puedan incorporarse al sistema público de pensiones, presumiblemente en régimen de los autónomos.
Tal y como se puede entender de las palabras de los representantes sindicales, estos dos aspectos han desplazado a un segundo plano de urgencia la negociación del resto de medidas que hay encima de la mesa. Las prisas se han puesto en los becarios y los mutualistas, y no se ha abordado la jubilación parcial con contrato de relevo, los coeficientes reductores para anticipar la jubilación por motivos de peligrosidad o grupos profesionales ni tampoco el papel de las mutuas colaboradoras en la gestión de los procesos traumatológicos de las bajas por incapacidad temporal.
José Miguel Arcos