El Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucional que Vox presentó contra el real decreto-ley de medidas urgentes que el Consejo de Ministros aprobó en julio 2021 para reducir la temporalidad del empleo público. Este decreto, que obligó a las Administraciones públicas a ofertar, antes del 1 de junio de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2024, las plazas de trabajadores temporales que ya están ocupadas, fue finalmente convertido en un proyecto de ley, cuya tramitación parlamentaria por la vía de urgencia concluyó en diciembre de hace dos años.
Los diputados de Vox impugnaron el real decreto-ley al entender que no concurría la situación de “extraordinaria y urgente necesidad” que ampara al Gobierno para aprobar una ley, sin pasar por el cauce parlamentario. Asimismo, denunciaron que la regulación que contemplaba dicho texto vulneraba el límite constitucional de que los ciudadanos tienen derecho a acceder en igualdad de condiciones a las funciones y cargos públicos.
En una sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado César Tolosa, rechaza las alegaciones del partido de Santiago Abascal, al considerar que el Ejecutivo explicó y razonó, en la memoria de impacto normativo, en la exposición de motivos de la norma y posteriormente en el debate de convalidación, por qué se trataba de una situación especial que le permitía utilizar el instrumento normativo del real decreto-ley, según ha informado el Tribunal Constitucional en un comunicado.
Por otra parte, el tribunal aprecia la existencia de una relación de adecuación de las medidas adoptadas y la situación de urgencia a cuya solución sirven. Además, la resolución argumenta que la norma recurrida no lleva a cabo una regulación general del derecho fundamental de acceso a la función pública, ni de su contenido esencial.
Reducir por debajo del 8%
La norma, que se negoció con los representantes de los trabajadores del sector público y con los diferentes niveles de la administración, persigue reducir la temporalidad del empleo público por debajo del 8%, un ratio que sobre todo no se cumple en ámbito territoriales. Se trata de un compromiso que el Gobierno adquirió con la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tal y como indicó entonces el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El texto al que el Senado dio luz verde a finales de diciembre de 2021 establece que las plazas se oferten mediante un proceso de concurso-oposición, que se sumará a la experiencia del aspirante, que será el elemento determinante en la valoración. Con este proceso, el Gobierno estimó que más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por interinos en el sector público se convertirán en fijas antes de que termine el año 2024.
Nuria Morcillo