La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado el "colapso" de las citas previas en las oficinas de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para trámites como la solicitud de la pensión de jubilación o el paro.
La organización ha advertido de que este colapso se materializa en "demoras generalizadas y falta de disponibilidad en numerosas provincias". Estas conclusiones se han llevado a cabo después de un análisis en oficinas de 26 provincias españolas, con seis intentos durante dos semanas para conseguir una cita previa en la Seguridad Social para pedir la pensión de jubilación.
De acuerdo con los resultados de la OCU, en más de la mitad de los intentos fue imposible conseguir una cita en la misma ciudad. "De hecho, en capitales como Granada, Tarragona, Valencia o Zaragoza no se obtuvo ninguna cita en ninguno de los seis intentos", afirma la OCU, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Únicamente Bilbao, Murcia y Málaga destacan entre las grandes ciudades por presentar tasas "moderadamente aceptables" de disponibilidad, aunque con un problema: solo se puede conseguir cita a cambio de unos plazos "excesivos": una media de 28 días de espera en Bilbao, 20 en Murcia y más de 23 en Málaga.
Plazos de más de un mes en el SEPE
Posteriormente, la OCU realizó un nuevo análisis en el SEPE para pedir cita previa para solicitar la prestación por desempleo, el paro. La organización reconoce que los resultados son mejores que en la Seguridad Social, pero la situación "dista de ser razonable".
Así, mientras que en Barcelona y Tarragona no se pudo obtener cita ni en la capital ni en el resto de la provincia, en Albacete, Bilbao u Oviedo las citas disponibles se ofrecían entre 28 y 32 días después, "plazos que conducen directamente a la pérdida de parte del subsidio o fuerzan a completar el trámite 'online', aun cuando el solicitante carezca de medios o habilidades tecnológicas".
Fin de la cita previa obligatoria
Ante este panorama, seguir leyendo OCU ha insistido en que debe ponerse fin a la cita previa obligatoria para atención presencial, tal como se prometió, al menos para trámites urgentes. Hasta que esto ocurra, la organización considera imprescindible habilitar atención rápida para colectivos vulnerables, personas mayores sin certificado digital y ciudadanos con plazos críticos.
Asimismo, la OCU demanda que las principales oficinas de la administración dispongan de mesas de apoyo sin cita previa para asistir en la obtención y el uso de certificados digitales. Además, propone un plan nacional con campañas informativas y puntos fijos en barrios, para promover un acceso igualitario a la administración electrónica.
Al mismo tiempo, reclama un compromiso vinculante para resolver trámites urgentes en un máximo de 5 días y el resto en un máximo de 10. Este estándar, precisa, debe incluir estadísticas públicas mensuales por oficina y sanciones internas cuando existan demoras injustificadas.