Este martes, Dia Mundial contra la Corrupción, jornada en la que se dio a conocer la sentencia del Supremo que condena al FGE, en los aledaños del Congreso de los Diputados, interinos en abuso convocados por la Plataforma de Afectados por la Función Pública de Madrid, la Asociación Nacional de Secretarios, Interventores y Tesoreros Interinos (ANSITI) y la Asociación de Interinos Cesados y Afectados por la Función Pública (AICAFP) y apoyados por otras entidades y sindicatos de toda España se concentraban para reclamar el cumplimiento de la Directiva 1999/70 y la fijeza tras años de abuso.
Tras aquella reunión del pasado mes de octubre y el dictamen del Abogado General sobre la cuestión prejudicial planeada por el Supremo , en vísperas del último Pleno de la Cámara Baja de este miércoles, las organizaciones sindicales convocantes aprovecharon para reunirse con distintos grupos políticos para volver a retomar la reforma de la Ley de Función Publica y las enmiendas que incluirían la figura del fijo extinguir.
Según denuncian los convocantes, la temporalidad en el sector público español se sitúa en el 32,24%, con 979.409 trabajadores que, en algunos casos, llevan más de 30 años desarrollando su trabajo en fraude ley en una precariedad laboral importante.
Una figura, ésta la del fijo a extinguir que para juristas como Javier Arauz, abogado defensor del colectivo y autor material de la última propuesta, consensuada con los propios interinos y algunos partidos políticos estabilizaría a los interinos con más de tres años en fraude y también podría recuperarse a aquellos ya cesados. De momento, el gran escollo son PP y PSOE que han gobernado este país en los últimos treinta años, abusando de la interinidad no están por la labor de esta fijeza automática.
Esa propuesta redactada por Arauz fue fruto de una reunión mantenida el pasado 29 de octubre, en el Congreso de los Diputados con todos los partidos políticos, con excepción de PSOE, PP y PNV, y de Vox, si bien este último, por un problema de comunicación, se acordó crear una mesa de trabajo conjunta con todos ellos, para redactar una propuesta de estabilización del personal temporal del sector público víctima de un abuso.
En esta concentración se han reunidos interinos en fraude de todas las CCAA de nuestro país que ataviados con pancartas y cruces blancas, aparecían unidos por el mismo objetivo, poner fin a la precariedad laboral que viven. Alguno de ellos como Juan Serafín Marrero vicecoordinador del Insucan docentes de Canarias, estabilizado hace poco, tras dieciocho años en fraude de ley, ha recordado a la diputada Ana Oramas cuando en un Pleno del Congreso de junio del 2021 pidió una Ley de Punto Final para estabilizar al colectivo.” No la hicieron caso, pero Portugal lo hizo en su momento y estabilizó a sus interinos”.
Sobre la solución del problema cree que “se debe cumplir la directiva 1999/70 Que se haga lo que se hizo en otros países de nuestro entorno como se hizo en Portugal. Eso tenía que haberlo firmado Miquel Iceta cuando fue ministro de Función Pública en aquel momento porque se ha demostrado, así lo corroboran las sentencias del TJUE que señalan que la ley 2020/21 no era la solución. No somos plazas somos personas En la sanidad canaria no ha concluido el proceso de estabilización que combine el concurso oposición con el de méritos. Todo muy confuso e impugnable en los tribunales”.
El Gobierno incumple su ley y la europea
Para Carlos de la Cal, del secretariado del sindicato STEPA de Aragón , veinte años en fraude de ley. explica que el Gobierno de Aragón destaca entre los incumplidores, ya que la temporalidad en la DGA supera ampliamente la media nacional y llega al 47,7%, por lo que hay más de 20.000 interinos en abuso. “Estoy sin estabilizar porque no se ha aplicado la ley 20/2021 en sus términos. No era perfecto pero muchas personas con ese derecho podrían quedar estabilizados. Nosotros detectamos que faltan unas 4000 plazas que no han salido, eso ha hecho que haya muchas menos pasas de las previstas”.
También nos indica que al igual que nos comentase hace unos días Jordi Cerda tras ver a Puigdemont, se están produciendo ceses de estos profesionales sin indemnización. Además muchas personas en situación de abuso no se han podio presentar logrando la plaza otras personas. Se ha incumplido claramente la normativa española y la europea. Hay muchas reclamaciones en los tribunales por esta mala gestión de esta ley “: El sindicato ha presentado en las Cortes de Aragón una petición para que se cree una comisión investigadora sobre la actuación del Gobierno de Aragón desde 2021, con el actual Ejecutivo de Jorge Azcón y el anterior de Javier Lambán
Por su parte Maite Agredano, delegada del sindicato Cobas en Madrid subraya que “con este tipo de concentración se quiere recordar al Gobierno que tiene que retomar la Ley de Función Púbica con las enmiendas presentadas que esa paralizada, sin saber los motivos. Despues de tres manifestaciones y una moción derrotada en el Congreso para lograr la fijeza la situación está parada por la ruptura de las relaciones de Junts con el PSOE. Junts presentó una enmienda a la totalidad gracias a la colaboración de dos sindicatos profijeza cerca de un año pero están paralizadas”.
Esta representante sindical nos recuerda la reunión mantenida en Waterloo de un grupo de interinos con Puigdemont para explicarle la situación .” Al parecer la idea del expresident es cerrar la ley de amnistía y con posterioridad resolver este tema de la Ley de Funcion Publica con las enmiendas ya consensuadas. Primero ser la la amnistía porque Puigdemont quiere volver a España. Las indemnizaciones que se barajan, en el caso que no se opte por la figura del fijo a extinguir, podrían llegar a los 33.000 millones de euros. Algo sangrante para las arcas de las administraciones públicas “.
A su juicio estas CCAA “prefieren pagar las indemnizaciones antes de reconocer esa fijeza automática a los profesionales en abuso. Eso es una realidad, cuando hablas con ellos de este tema y del cumplimiento de la normativa europea se cierran en banda y rompen cualquier negociación. Al mismo tiempo se espera en los próximos días una multa importante al Gobierno español por no estabilizar a los interinos..El acceso a la función pública es un negocio tanto de los sindicatos mayoritarios con sus academias como los funcionarios de alto nivel que son preparadores de muchos compañeros que entran en algún puesto de las distintas administraciones”.
Indemnizaciones elevadas inasumibles
Del Ayuntamiento de Murcia es Mari Carmen que lleva seis años como interina con una discapacidad mental. “Nosotros no tenemos derecho a optar a cualquier plaza de auxiliar administrativo. Solamente podemos ser ordenanza o celador. Nosotros reclamos nuestros derechos y ser fijos por los años que llevamos trabajando, como se hace en cualquier empresa privada. En Murcia la situación es mala a nivel e estabilización tanto en el Ayuntamiento como en otros servicios. Ahora cuando llevas tres años te cesan sin indemnización. Te pueden volver a llamar a los seis meses y empieza y ceo En otros casos es difícil que nos llamen. Es una aberración lo que hacen con nosotros”, subraya.
Según datos de AICAFP en el primer semestre del 2025 se quedaron sin trabajo 92.200 personas contratadas temporalmente por la Administración, la mayoría despidos coste cero. También señalan que el 70% de las personas afectadas son mujeres mayores de 50 años, en riesgo real de exclusión laboral. Estas personas son víctimas de un fraude masivo. Europa exige un máximo del 8% de temporalidad legal, y España está en un 32%, con más de 900.000 personas en fraude de ley”, indican desde esta entidad.
Los convocantes sostienen que las comunidades autónomas, que concentran el 62,66% del personal total, soportarían la mayor parte de la carga indemnizatoria, con 21.000 millones de euros.
Así, por ejemplo, Andalucía, con 332.007 empleados públicos y una alta tasa de interinidad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y Educación, se enfrentaría a una factura indemnizatoria estimada de 3.900 millones de euros, mientras que a Cataluña, con 258.894 empleados y una estructura muy descentralizada, le costaría 3.050 millones de euros, y a Madrid, con 231.240 empleados y una alta litigiosidad en el sector sanitario, unos 2.750 millones de euros.
También advierten de que la inacción del Gobierno activará multas coercitivas de 100.000 euros diarios tras la carta de emplazamiento de Bruselas. «Nos encontramos a un paso de que el TJUE, bajo el artículo 260, aplique estas multas millonarias», afirma. «El Gobierno saliente nos deja una multa diaria que pagarán nuestros hijos. Exigimos la fijeza como única solución legal admitida por Europa, que no cuesta dinero», indican
Luisja Sánchez