El convenio entre Muface y el seguro hace aguas. 1,8 millones de funcionarios y sus familias utilizan cada año las pólizas privadas a las que acceden a través de sus mutualidades. Tres aseguradoras se reparten este colectivo, pero cada vez les resulta más ruinoso este negocio. En los dos últimos años han registrado pérdidas conjuntas por valor de 340 millones de euros. El sector está reuniéndose con el Gobierno y con algunas fuerzas políticas para reclamar una revisión al alza de las cantidades que perciben por prestar este servicio.
“La situación es muy crítica”, resume un directivo de una de las tres compañías que participa en esta colaboración público-privada. El último convenio suscrito abarca el periodo 2022-2024. En él se contemplaba una subida de los ingresos del 10%, en los tres años, pero la inflación ha encarecido tanto los costes sanitarios que las aseguradoras vuelven a tener pérdidas. En la última década, siempre han estado en números rojos. De hecho, compañías como Sanitas, Mapfre o Caser participaron durante un tiempo y decidieron salirse.
Muface es la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la mayor de todas, con 1,5 millones de personas. Se incluye tanto a los trabajadores de la Administración General del Estado, como los de algunas administraciones autonómicas, e incluso locales. A Muface se suman otras dos mutualidades con un modelo similar, Isfas (para el Ministerio de Defensa) y Mugeju (para el Ministerio de Justicia). Cada año, en enero, estos empleados públicos pueden decidir si quieren recibir atención médica por la sanidad privada o por la pública. De los 2,2 millones de servidores públicos que están bajo el paraguas de estas mutualidades, más del 80% escoge los seguros privados.
Normalmente, los convenios se firmaban por un año, como mucho por dos. En esta última ocasión, se quiso firmar por tres años, para darle una mayor visibilidad al contrato. Pero justo cuando se firmó, la inflación se empezó a disparar y el 8% de subida que se preveía para el primer año no bastó para compensar el incremento de costes.
Javier Cubría de Miguel, el jefe de DKV, explica, por su parte, que “el modelo de Muface siempre ha estado infrafinanciado, y deberíamos buscar una solución a este problema a largo plazo, y no ir poniendo un parche tras otro”. DKV tiene una cuota de mercado de solo el 10%.
El dinero que perciben las aseguradoras por cada funcionario de Muface que escoge la opción de sanidad privada está en torno a los 1.000 euros. Desde el sector recuerdan que, para unas prestaciones comparables, el gasto de la sanidad pública es de unos 1.300 euros, “lo que demuestra claramente que se destinan pocos recursos a estos convenios”, apunta Cubría.
Adeslas
El líder del ramo de salud es SegurCaixa Adeslas (propiedad al 50% de Mutua Madrileña y CaixaBank). Su director general Javier Murillo, explicaba la semana pasada en un foro sectorial que “la viabilidad del modelo está más amenazada que nunca”. Tanto por la insuficiente financiación, como por el envejecimiento del colectivo. La edad media se ha incrementado en cinco años en la última década.
“Las aseguradoras que participan del modelo llevamos reportando pérdidas recurrentes en los últimos diez años, lo que explica la salida de estos contratos de la mayor parte de las compañías que venían colaborando en el modelo”, se quejaba Murillo.
Para tratar de encauzar esta situación, directivos de varias aseguradoras llevan semanas reuniéndose con altos cargos del Gobierno, así como con representantes de fuerzas políticas, para conseguir arañar una mayor aportación que borre las pérdidas. El problema es que no hay una figura jurídica clara para recoger la desviación en los costes, como sí que ocurre por ejemplo en los contratos de obra pública.
En esta demanda tienen el respaldo de los principales sindicatos de funcionarios, como CSIF. Cada vez más, el colectivo tiene la percepción de que se está deteriorando la calidad del servicio. También ha aumentado el malestar de muchos médicos que trabajan para estas aseguradoras, y que ven cómo desde hace años no se sube el baremo que cobran por atender a funcionarios.
Miguel Moreno Mendieta