En el «BOE» núm. 34, de 7 de febrero de 2026, se publica la Resolución de 22 de enero de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, suscrito entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO.
Incrementos salariales hasta 2028 para mantener el poder adquisitivo
Uno de los ejes centrales del Acuerdo es el incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones públicas y del sector público institucional, con un horizonte temporal hasta 2028.
Se prevén incrementos fijos y consolidables sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024: 2,5 % en 2025 (incluido el 0,5 % adicional consolidable ya comprometido), 2 % en 2026, 4,5 % en 2027 y 2 % en 2028, sin que puedan ser compensados ni absorbidos.
El incremento de 2025 del 2,5 % se abonará con efectos de 1 de enero de 2025, y el de 2026 se desdobla en un 1,5 % fijo durante 2026 y un 0,5 % adicional en el primer trimestre de 2027, condicionado a que la variación interanual del IPC de 2026 sea igual o superior al 1,5 %.
Supresión de la tasa de reposición y nueva planificación del empleo público
Dentro del bloque de agilización y mejora de los procesos selectivos, el Acuerdo sienta las bases para sustituir el modelo tradicional de ofertas condicionado por la tasa de reposición de efectivos por un modelo alternativo de planificación estratégica de recursos humanos, vinculado a la suficiencia y estabilidad presupuestarias.
Esta nueva planificación plurianual deberá partir de un diagnóstico previo que incluya necesidades estructurales, previsión de jubilaciones y fórmulas de cobertura, y orientarse a la ejecución anual de las ofertas de empleo público, con reducción de plazos hasta la toma de posesión.
Refuerzo de la promoción interna, la carrera y la movilidad
El Acuerdo dedica un apartado específico a la promoción interna, el desarrollo profesional y la provisión de puestos de trabajo, con el objetivo de reforzar la carrera y la retención del talento.
Se prevé impulsar un modelo de acceso diferenciado de promoción interna, distinto del turno libre, que valore los conocimientos y experiencia ya acreditados y facilite itinerarios de carrera más ágiles.
En particular, se anuncia:
- Cursos selectivos específicos de promoción interna. Se impulsarán procesos exclusivos de promoción interna con cursos selectivos orientados a nuevas competencias profesionales, actualización normativa y competencias tecnológicas.
- Formación homologada para la carrera y la movilidad. Se estudiará el establecimiento de itinerarios de carrera con formación homologada que facilite la promoción interna, la movilidad interadministrativa y la retención del talento.
- Revisión de la clasificación profesional y provisión de puestos. Se adaptará la clasificación de puestos a las funciones reales, potenciando el concurso de méritos como procedimiento normal y permanente de provisión, gestionado de forma transparente y especializada.
Más plazas en las OPE para atención a la ciudadanía y refuerzo de la presencialidad
En materia de servicios públicos y atención a la ciudadanía, el Acuerdo establece el compromiso de priorizar en las ofertas de empleo público las plazas directamente vinculadas a la atención directa a la ciudadanía y a la prestación de servicios públicos de calidad.
Las Administraciones deberán identificar claramente los puestos de atención directa, dotarlos de personal suficiente y retribución adecuada, y incrementar el número de plazas en estos ámbitos en sus OPE, especialmente en territorios con mayores dificultades de cobertura.
Asimismo, se impulsará la creación y consolidación de oficinas de atención a la ciudadanía para la realización de trámites administrativos, con una premisa clara: garantizar la atención presencial, y de forma complementaria la atención telefónica y electrónica.
En la Administración General del Estado estas oficinas se conciben como primer punto de contacto con la ciudadanía, con especial atención a personas en situación de vulnerabilidad y a la brecha digital, particularmente de las personas mayores, asegurando una cobertura territorial equilibrada.
Igualdad, eliminación de brecha salarial y protección frente a la violencia de género
El Acuerdo refuerza el bloque de igualdad y no discriminación, obligando a las Administraciones a mantener y actualizar planes de igualdad, protocolos frente al acoso y mecanismos de transparencia salarial.
Entre las medidas destacadas figuran:
- Eliminación de la brecha salarial de género. Se impulsarán medidas para garantizar la igualdad retributiva real y efectiva y la implantación de herramientas de transparencia salarial que permitan detectar y corregir posibles brechas de género.
- Atención integral a víctimas de violencia de género. Se prevé la aplicación de protocolos integrales de prevención, detección y actuación ante situaciones de violencia de género, con medidas de apoyo psicológico, social, laboral y jurídico, protección efectiva, confidencialidad y coordinación entre recursos públicos.
- No discriminación LGTBI+ y personas con discapacidad. Se adoptarán políticas activas para garantizar entornos laborales inclusivos, protocolos específicos frente al acoso por orientación sexual o identidad de género, y medidas reforzadas de accesibilidad, adaptación de puestos y cumplimiento de los cupos de reserva para personas con discapacidad.
Actualización del régimen de permisos y revisión de la acción social
Dentro del capítulo de medidas complementarias para la mejora de las condiciones de trabajo, el Acuerdo prevé una revisión profunda del régimen de permisos del personal público.
Se anuncia la actualización de los permisos existentes con mejoras vinculadas a:
- Causas de fuerza mayor y necesidades familiares urgentes.
- Situaciones de vulnerabilidad.
- Cuidado de hijos e hijas con enfermedades graves, mediante la revisión del marco regulador aplicable.
El objetivo es favorecer la conciliación y la corresponsabilidad, evitando discriminaciones entre empleadas y empleados públicos.
Además, el Acuerdo prevé que se revisen y actualicen los programas de acción social en cada ámbito de negociación colectiva para orientarlos a nuevas necesidades emergentes, junto con la mejora del mutualismo administrativo, la revisión al alza en 2026 de las indemnizaciones por razón de servicio y de los complementos de residencia e insularidad.
Plan de Competencias Digitales e inteligencia artificial
La digitalización del sector público se afronta mediante un Plan de Competencias Digitales para el conjunto de las Administraciones, concebido como un itinerario formativo estructurado en varias fases:
- Competencias digitales básicas: dotar al personal de conocimientos esenciales sobre la digitalización y el uso correcto de las herramientas digitales en su actividad profesional.
- Competencias digitales intermedias: orientadas a una mayor productividad, eficiencia y calidad del servicio público, mediante el dominio del entorno digital en distintos contextos.
- Competencias digitales avanzadas: formación para tareas complejas y especializadas, empleando tecnologías innovadoras y promoviendo la transformación digital en los puestos que lo requieran.
El Plan incluye, además, una línea específica de capacitación en inteligencia artificial, dirigida a conocer su funcionamiento, límites, potencialidades y riesgos, y a garantizar un uso responsable, ético y seguro de estas herramientas.
Asimismo, se prevé la difusión de los derechos digitales del personal público (protección de datos, supervisión humana de sistemas automatizados, desconexión digital y uso seguro de tecnologías emergentes) y la adopción de medidas para evitar la brecha digital interna entre empleados con diferentes niveles de familiaridad tecnológica.
Reactivación y refuerzo del Observatorio del Empleo Público
Finalmente, el Acuerdo prevé la puesta en marcha efectiva del Observatorio del Empleo Público, creado por el Real Decreto 868/2010, de 2 de julio, como órgano de estudio, diagnóstico y propuesta en materia de empleo público.
Se adaptará su regulación para actualizar su composición y funciones, garantizando la presencia proporcional de la representación sindical y atribuyéndole, entre otras, las siguientes tareas:
- Analizar la estructura, evolución y tendencias del empleo público, incluyendo perfiles emergentes y nuevas categorías profesionales derivadas de la digitalización.
- Elaborar informes y recomendaciones para la planificación, selección, formación y desarrollo profesional.
- Evaluar anualmente los avances en la agilización y mejora de los procesos selectivos y en la evolución de la temporalidad en las Administraciones Públicas.
- Crear una sección específica de seguimiento de igualdad de género y diversidad en el empleo público.
El Observatorio asumirá también funciones en materia de digitalización e inteligencia artificial, en coordinación con el Plan de Competencias Digitales y el grupo de trabajo específico que se cree para esta materia, y desarrollará un plan de trabajo propio sobre el empleo público en las administraciones locales.
Impacto práctico del Acuerdo Marco
El Acuerdo Marco configura una hoja de ruta a medio plazo centrada en la mejora de las condiciones laborales del personal público y en la calidad del servicio a la ciudadanía, combinando incrementos salariales, reformas de planificación del empleo, refuerzo de la promoción interna, un nuevo enfoque de la atención presencial y digital, medidas avanzadas de igualdad y no discriminación, y un amplio programa de formación en competencias digitales e inteligencia artificial.
Su desarrollo exigirá la aprobación de las normas necesarias y la negociación en los distintos ámbitos, bajo el seguimiento de la Comisión de seguimiento creada al efecto y del Observatorio del Empleo Público, llamados a verificar el cumplimiento progresivo de los compromisos asumidos.