Asociaciones de jueces y fiscales han pedido al Gobierno la "retirada inmediata" de la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que, consideran, "amenaza" su "independencia", y han amagado con convocar una huelga.
Así lo han anunciado este miércoles en un paro de diez minutos para mostrar su oposición a los dos proyectos legislativos del Gobierno, que se encuentran en tramitación parlamentaria, puesto que, creen, pone en riesgo la existencia de "un Poder Judicial independiente de toda injerencia política", y porque "no responde a demanda social alguna" y ha recibido un "un informe técnico muy crítico del Consejo General del Poder Judicial".
Los paros, que se han desarrollado ante sedes judiciales de toda España, han sido convocados por las cinco asociaciones de jueces y fiscales conservadoras: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Se han ausentado las dos progresistas.
Este paro tiene lugar dos días después de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya sido procesado por revelación de secretos contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y un día después de que la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo haya mostrado su preocupación por las reformas legislativas emprendidas por el Gobierno que afectan a la Justicia y mostrara su desacuerdo con la manera de resolver la situación de jueces sustitutos y magistrados suplentes y el acceso a la carrera judicial.
En un acto en Alicante, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha reclamado "el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial" porque, ha sostenido, independientemente de que se esté de acuerdo con las resoluciones judiciales, "no caben los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la Constitución nos encomienda al Poder Judicial", al tiempo que ha expresado públicamente su apoyo a los magistrados del Tribunal Supremo.
Denuncian que se rebaja la excelencia
Asimismo los jueces y fiscales han subrayado que las reformas "no contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, incrementando los riesgos de su politización y debilitando los valores en los que se sustenta el Estado de derecho".
Además, han señalado que estas normas supondrán un retroceso en el respeto a principios constitucionales como el mérito, la capacidad y la igualdad en el acceso a las carreras judicial y fiscal. "Se trata de una reforma legal que va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para nuestra formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración", han asegurado.
En este sentido, han criticado que se quiera convertir en jueces y fiscales a "1.300 sustitutos, sin pruebas que midan su actitud para ello".
También han denunciado que se pretenda "crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país".
Críticas a aumentar las competencias del fiscal general
Por otra parte, han denunciado que con la reforma del Estatuto del Ministerio Público "se quieren aumentar las competencias del Fiscal General del Estado", que será nombrado "nombrado por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo", lo que, a su parecer, supondrá que aumente el "riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción".
Según las asociaciones, estas reformas legislativas han sido "impuestas sin diálogo ni consenso". Además, han criticado que se estén llevando a cabo por la "vía de urgencia" y en medio de "un ambiente de continuo ataque al Poder Judicial y al descrédito de la Fiscalía, con declaraciones políticas que deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan, que tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Gobierno".
Bolaños defiende las reformas y pide rigor frente a los bulos
Entre tanto, el paro de los jueces y fiscales se ha colado este miércoles en la sesión de control al Gobierno. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha reprochado al Ejecutivo que "quiera controlar el acceso a la carrera judicial".
Al respecto, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sacado pecho de las reformas de la carrera judicial, porque desde su departamento, ha defendido, están "impulsando la mayor transformación de la justicia en décadas". En este sentido, ha asegurado que se está llevando a cabo "la transformación de la estructura judicial", que, según ha apuntado, era del siglo XIX, y se va a reformar la Ley del Poder Judicial, que tenía "40 años".
Posteriormente, preguntado por los paros por los periodistas en el Congreso, Bolaños ha mostrado su "respeto a los jueces y magistrados que han secundado ese paro y a los que no lo han secundado" y ha admitido que se pueda mirar "con recelo" la reforma. "Todas las reformas de calado que se han llevado a cabo, todas fueron recibidas con recelos y rechazo y hoy son grandes consensos. [...] El dilema en la Justicia hoy es reforma o inmovilismo. Se merece reformas que sean valientes para que haya más medios", ha sostenido.
M.Carmen Cruz Martín