Moncloa aprueba la mayor oferta pública de empleo (OPE) de la historia. El Gobierno convoca 40.146 plazas, tal y como adelantaron los sindicatos, que no obstante no apoyan la oferta al considerar que no cubre el déficit de personal que la administración arrastra desde el estallido de la crisis financiera de 2008. Un vacío en la plantilla que CCOO eleva a 65.000 efectivos. La medida tampoco convence a CSIF, el sindicato de funcionarios promete un "otoño caliente" pese a que -desde su entrada en el Ejecutivo- Pedro Sánchez ha multiplicado por más de tres el número de plazas creadas con respecto a la etapa de Mariano Rajoy. La organización que lidera Miguel Borra justifica su rechazo en que la OPE esconde un recorte de 8.134 plazas en el turno libre y la promoción interna con respecto al año pasado. Solo UGT ha dado el visto bueno a la medida.
Desgranando la oferta aprobada, el ministerio desplegará 31.000 plazas en la Administración del Estado. De ellas, 20.840 plaza destinadas a reforzar el turno libre y otras 10.600 a promoción interna; además, 3.158 irán a engrosar las filas de la Guardia Civil, y otras 2.857 a la Policía Nacional. Más de 2.660 serán derivadas a las Fuerzas Armadas. De total, Función Pública reserva un 10% para personas con discapacidad. Es decir, más de 3.000 plazas irán este año destinadas a este colectivo; de ellas, 600 se reservarán para personas con discapacidad intelectual. Además, Escrivá destinará 8.500 plazas para mejorar la atención a la ciudadanía, y otras 2.500 para mejorar la administración de Justicia. "Triplicamos en los últimos años el aumento anual de plantilla con respecto al periodo 2012-2017", ha defendido el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, tras la reunión de Consejo de Ministros.
Por sectores estratégicos, análisis y gestión de políticas públicas acaparará 7.286 plazas, el ámbito que creará más empleo, seguido de cohesión social y empleo público (2.879), reforma integral y modernización de la justicia (2.525), transformación digital (1.804), infraestructuras y ecosistemas resilientes (1.386), instituciones penitenciarias (923), I+D (886), otros sectores (618) y salud pública e INGESA (612).
Además, el Ejecutivo ha comenzado a trabajar en una mejora de la eficiencia del empleo público. "Estamos trabajando con todos los ministerios, con las comunidades autónomas y las entidades locales", ha dicho Escrivá, con el objetivo de diagnosticar aquellos huecos en los que mayor refuerzo es necesario con la meta de mejorar la atención a la ciudadanía.
Mejorar la empleabilidad
Por otro lado, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha llevado al Consejo de Ministros el plan de empleo digno para 2024, que Trabajo coordina con las comunidades autónomas y que se parca el objetivo de mejorar la empleabilidad un 10% más, poniendo el acento en dos sectores vulnerables, los desempleados de más de 52 y 45 años.
"La evaluación del plan del empleo del año pasado es muy positivo", ha asegurado Díaz, que ha asegurado que el plan mejoró la inserción de parados en el mercado laboral un 25% en 2023. En concreto, los servicios de empleo atendieron a 3,9 millones de personas, de las que más de un millón consiguieron firmar un contrato temporal en menos de seis meses. El programa movilizará otros 711 millones de euros para las comunidades autónomas, con el objetivo de desarrollar programas de formación para desempleados.
Este importe se suma a los distribuidos en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del 4 de abril de 2024 que aprobó que cada comunidad autónoma percibiría el 70% del importe asignado en base a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales de 28 de abril de 2023, en base a los cuales se han asignado 1.800.372.721 euros y quedaban, por tanto, pendientes de asignación 771.588.309 euros que se repartirán por territorios en la próxima conferencia sectorial.
Carlos Reus