En la Administración son los soldados los que protagonizan la pluriactividad; en las comunidades son los sanitarios.
El número de funcionarios y personal laboral al servicio de la Administración General del Estado (AGE) con pluriempleo o pluriactividad se ha disparado casi un 20% en el último año. Los empleados públicos que tienen autorizada la compatibilidad con otra actividad, en el sector privado y en el público, han aumentado en 1.776 entre marzo de 2023 y septiembre de 2024. Las autorizaciones para una segunda actividad se han incrementado un 79% desde 2020. La situación en la AGE se repite en administraciones autonómicas y locales, que han visto como desde la pandemia las peticiones se han disparado.
Los datos que proporciona el Portal de Transparencia analizados por THE OBJECTIVE muestran que el aumento del pluriempleo en el último año en la AGE se centró en actividades privadas. Las autorizaciones para trabajar en el sector privado se incrementaron en 1.397, alcanzando las 8.239. Mientras, los permisos para tener otro empleo en la Administración aumentaron en 369, hasta sumar 2.623. En este caso, la mayoría de las actividades solicitadas están vinculadas a la docencia y la investigación. En total, a fecha de marzo de 2023 hay 9.096 empleados que tienen pluriempleo.
La proporción de funcionarios de la AGE con dos empleos supera el 3%, un porcentaje ligeramente inferior al que se da en el sector privado, que también ha aumentado de forma considerable en los últimos años. La principal diferencia es que los funcionarios tienen que pasar por una serie de trámites para el reconocimiento de la compatibilidad.
Taxistas, repartidores y profesores
No todos los empleados pueden trabajar fuera de la Administración, por su régimen de incompatibilidades, y para el resto es fundamental evitar el conflicto de intereses, regulado de forma rígida. Sin el permiso previo y expreso, un funcionario que decida acceder a otro empleo sin notificarlo incurriría en una falta muy grave, que puede llevar a un expediente disciplinario. Así está previsto en el artículo 14 de la Ley 53/1984, en el que también se advierte que los permisos están condicionados a la no modificación de jornadas y horarios y a su cumplimiento estricto.
Conseguir un extra económico, sobre todo para los niveles más bajos y peor remunerados, es la principal circunstancia que obliga a trabajar más horas. Los efectivos del Ministerio de Defensa y sus organismos dependientes son los que en mayor proporción buscan una segunda actividad. Existen dos perfiles diferentes. Por un lado, están los militares -soldados, marineros y cabos- con sueldos bajos, jornadas largas mal pagadas y una movilidad mayor que propician la búsqueda de un segundo empleo en el tiempo libre que queda. También los empleados de Correos optan de forma importante por una segunda actividad.
Hasta 1.174 soldados, cabos y marineros trabajan como repartidores, enfermeros, camareros o en atención al cliente. Por otro lado están los militares de los Cuerpos Jurídico, de Sanidad o de Ingenieros que optan a trabajos en el sector privado relacionados con su especialidad. Muchos ha puesto en marcha su propio despacho o clínica. Entre las salidas mayoritarias para el resto están las de conductor de taxi, actividades relacionadas con la investigación, consultoría, coaching o asesoría. Otros centran sus horas extra en dar conferencias o se dedican a formar opositores.
Pluriempleo en las comunidades autónomas
El pluriempleo entre los efectivos de las administraciones autonómicas también está en auge. En 2024 el Gobierno de Aragón concedió 934 autorizaciones, 605 para actividades públicas y otras 329 para privadas. Desde 2018 se ha autorizado a más de 4.500 funcionarios el pluriempleo. A diferencia de la AGE, los empleados públicos aragoneses optan por un puesto público como segunda actividad. En esta autonomía, son los sanitarios los protagonistas, con casi el 90% de las peticiones. Trabajar en una consulta médica privada es el principal objetivo para muchos. Sin embargo, hay un alto porcentaje que apuesta por el sector público, como los profesores asociados en Ciencias de la Salud.
En la Comunidad de Madrid hay hasta 6.300 empleados que desde 2015 han conseguido la pluriactividad. Al igual que en Aragón, buena parte son sanitarios y médicos que optan por establecer una consulta o ser docentes. Mientras, en la Junta de Extremadura, que también facilita datos, solo 337 tienen autorización en vigor para el desempeño de segundas actividades privadas o públicas. La agencia Efe citaba algunas de las actividades extra elegidas por sus funcionarios: un agente de Medio Natural que además es banderillero de toros; una maestra de Educación Musical que imparte clases de baile y un bombero forestal que se dedica a la apicultura son ejemplos de las variopintas opciones.
Peticiones rechazadas
Una parte importante de las peticiones son rechazadas por diversas razones. La Junta de Castilla y León prohibió en 2023 a 165 empleados públicos desempeñar una segunda actividad. Las negativas representan el 10% de todas las solicitudes recibidas ese año, en el que fueron admitidas 1.524, la cifra más alta de los últimos años. Según informa el Diario de Castilla y León, los datos de las auditorias anuales de la Inspección General de Servicios constatan «un incremento de las resoluciones denegatorias». También ha constatado un aumento de funcionarios que, tras el ‘no’, continúan ejerciendo la actividad no compatible u otra para la que no habían pedido autorización.
Enrique Morales