El grupo parlamentario Sumar ha presentado varias enmiendas al proyecto de Ley de Función Pública que se tramita en la actualidad en el Congreso de los Diputados para hacer funcionarios o personal fijo tanto a los interinos como al personal laboral que sufra contratos abusivos con la Administración. Además, también propone quitar los topes a la actual indemnización por cese que se les da a los interinos que dejan su puesto porque se cubre la plaza con un funcionario de carrera.
Los socios de Gobierno pretenden con estas enmiendas dar cumplimiento a las dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del año pasado, una de febrero y otra de junio, en las que instó a la Administración Pública a hacer fijos a estos trabajadores que sumaban años encadenando contratos temporales por no convocarse los procesos selectivos para cubrir las plazas y sin ningún tipo de estabilidad laboral.
Concretamente, Sumar propone que tanto los funcionarios interinos (aquellos que han aprobado los procesos selectivos pero sin lograr plaza o que están en bolsas de trabajo para que se les llame) como el personal laboral que sufran situaciones de abuso porque han encadenado más de tres años consecutivos con contratos temporales en la misma plaza sin que se abra un proceso selectivo o porque se les ha cesado al cubrirse el puesto por un funcionario de carrera o al amortizarlo estabilizarlos en el puesto de trabajo que ocupan en "concepto de funcionario, o de estatuario fijo a extinguir".
El partido justifica que así se cumple con la Directiva europea de 1999 sobre el trabajo temporal y con las dos sentencias del TJUE que instan a España a acabar con los contratos abusivos en la Administración Pública. En muchos casos, interinos o trabajadores de la Administración acumulan más de 10, 20 o 30 años cubriendo una misma plaza sin ningún tipo de garantía laboral. Además, si finalmente el Estado convoca plaza para cubrirla y estos trabajadores aunque se presenten a las pruebas no las pasan, se les cesa con una indemnización de 20 días por año trabajado con un límite de doce mensualidades.
Mayor indemnización
Al respecto, y para poner fin a esta indemnización también criticada por la justicia europea por escueta, Sumar propone en otra enmienda a la misma ley eliminar el límite máximo de 12 mensualidades. De modo que interinos y personal laboral temporal cesados por la cobertura de la plaza tengan derecho a 20 días por año trabajado sin límite de mensualidades. "El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del que traiga causa el incumplimiento", añade la enmienda.
Por su parte, Junts también ha presentado otra enmienda al respecto a la futura Ley de Función Pública en la que propone convertir en funcionarios fijos a los empleados públicos que hayan sufrido abusos en la contratación. "Esta nueva clase de empleados públicos permite resolver las dudas sobre el acceso al empleo público de conformidad con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Estos principios son exigibles en todo caso para el acceso al empleo público como funcionario de carrera", explica Junts.
El Pleno del Congreso tendrá que votar que enmiendas presentadas al texto se quedan en la futura ley y cuáles no. Las distintas formaciones buscan dar solución así a la falta de cumplimiento por parte de España de aprobar medidas para acabar con los abusos de contratación en la Administración, tal como exige Europa y el TJUE.
Cabe destacar que el PSOE no ha presentado ninguna enmienda para solventar el problema de los contratos abusivos en la Administración.
Por otro lado, el Tribunal Supremo concluyó en dos sentencias del 25 de febrero que hacer fijos a los interinos o al personal laboral va contra la Constitución española. De este modo, hace oídos sordos a los fallos del TJUE. De hecho, el tribunal europeo, consciente de la negativa del Supremo, indicó en su sentenciad de junio que los jueces españoles tendrán que inaplicar la jurisprudencia del Supremo "si esta se basa en una interpretación de las disposiciones de la Constitución incompatible con los objetivos del Acuerdo Marco y de la Directiva europea" para impedir abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada.
Eva Díaz