Hace unos días, el ministro Óscar López quiso transmitir un mensaje de tranquilidad sobre el futuro de la Mutualidad de funcionarios civiles del Estado (Muface). Como siempre que se transmite un mensaje de tipo, hay razones objetivas para no estar muy tranquilo, incluso aunque uno no sea funcionario. Muface se creó en 1975 y, entre otras funciones menores, presta asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios civiles del Estado. Los funcionarios pueden, mejor dicho, podemos elegir entre recibir esta asistencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, es decir del correspondiente servicio autonómico de salud (como, por cierto, es mi caso) o bien elegir una entidad aseguradora, de las tres que actualmente prestan el servicio. La razón de la crisis, y de la intranquilidad es bastante evidente: el actual concierto entre el Estado y las aseguradoras concluye el 31 de enero próximo, y el nuevo contrato convocado quedó desierto. Ninguna entidad aseguradora se quiso presentar.
Según los datos de 2023, entre titulares y beneficiarios hay 1.537.701 personas cubiertas por la mutualidad, de las que optamos por la sanidad pública, 457.307. Esto quiere decir que más de un millón de personas pasarían forzosamente a recibir la asistencia sanitaria de los correspondientes servicios autonómicos, sino hay un nuevo contrato público con alguna aseguradora sanitaria antes del 31 de enero. Es cierto que la ley de contratos del sector público prevé una prórroga forzosa de hasta nueve meses, pero esto sólo irá agravando los problemas, que ya existen. Porque la razón fundamental por la que el contrato ha quedado desierto es que a ninguna aseguradora la prima ofertada le ha parecido suficiente, aunque se ofertaba un aumento de la prima del 14% el primer año. Si el contrato se prorroga con la misma prima, y las aseguradoras no tienen ningún incentivo en continuar con sus clientes, lo previsible es que las aseguradoras intenten evitar costes posponiendo visitas, operaciones... Por otra parte, el periodo en el que los mutualistas eligen entidad es el mes de enero. Ante el riesgo de no tener una cobertura sanitaria real y efectiva, es bastante probable que muchos mutualistas empiecen a demandar el traslado al servicio autonómico correspondiente en las próximas semanas.
Muface se creó antes de que se instaurase en España la sanidad universal, financiada con impuestos (y no con cuotas de Seguridad Social) y antes de que las CCAA, que todavía no existían, se hiciesen cargo de la sanidad pública. Esto quiere decir que es un modelo antiguo, y que, como tantas otras cosas, si se empezase de cero, probablemente no se implantaría, o por lo menos se haría de una forma muy distinta. Pero, el efecto de trasladar de golpe más de un millón de usuarios a la sanidad pública perjudicará la asistencia sanitaria no sólo de los trasladados, que serían los funcionarios que hasta ahora optaban por la sanidad privada, sino también a todos los usuarios actuales de la sanidad pública. Como los médicos, el resto del personal sanitario, los edificios, la organización… no pasarían a los servicios públicos de salud, las listas de espera se dispararían. La Federación de Asociación de funcionarios de cuerpos superiores de la Administración del Estado (FEDECA) calcula que el plazo de espera medio para una operación pasaría de 121 a 227 días.
Antes de entrar en temas económicos, no es posible trasladar los recursos humanos y materiales en pocas semanas o meses. Este planteamiento lo ha defendido, por motivos ideológicos el Ministerio de Sanidad, que carece de competencias en esta cuestión. Es una pésima idea que originaría un corrimiento de carga hacia la izquierda (a babor en términos náuticos) que igual no hundiría el barco, pero que echaría por la borda a algunos pasajeros.
Está bastante claro que este desenlace, pasar en poco tiempo a todos los beneficiarios de Muface a la sanidad pública, lo que equivaldría a su extinción, tiene perdedores claros: los funcionarios que hasta han optado por la sanidad privada, los actuales usuarios de la sanidad pública, y los servicios públicos de salud de las CCAA que aumentarían sus listas de espera, y el estrés y el trabajo del personal sanitario. Como ahora, la prima pagada por usuario de Muface es bastante inferior al coste en la sanidad pública, aunque el Gobierno central traspasase ese dinero a las CCAA, no sería suficiente, lo que aumentaría el déficit autonómico. Eso sí, el gobierno central no tendría que subir las primas que ahora paga a las entidades aseguradoras.
La crisis de Muface es un mensajero del futuro: tendremos cada vez más gasto sanitario porque España envejece. Todos, a medida que envejecemos gastamos cada vez más en servicios y prestaciones sanitarias. Solemos pensar que el envejecimiento de la población repercutirá en más gasto en pensiones, que corre a cargo de la Seguridad Social. Y aunque éste es el principal gasto público, el segundo, que es la sanidad también crecerá, y mucho. Y la sanidad es un 40% del gasto autonómico. Pero, además, las retribuciones del personal sanitario, y en general el gasto per cápita en sanidad, es menor en España que en otros países. Y las primas de Muface son, a su vez, inferiores al gasto per cápita medio del sistema sanitario. Esto quiere decir que el crecimiento del gasto puede ser aún mayor del que pensamos. Y que, si no aborda su financiación, la calidad de la asistencia sanitaria se resentirá.
A corto plazo, las aseguradoras que quedan en Muface tendrían pérdidas adicionales si el concierto no se renueva. Pero, podrían compensarlas en el futuro, porque dejarían atrás un negocio que hoy es deficitario. Sobre todo, con el más que previsible deterioro de la sanidad pública, es bastante probable que en el futuro pudiesen cobrar primas más elevadas a nuevos clientes. Esto quiere decir que la posición negociadora del Estado es más débil que en otras ocasiones, y la prueba es cómo ha quedado desierto el último concierto. Pero, en cualquier caso, la capacidad negociadora del Estado siempre será más fuerte que la de los particulares, especialmente los de más edad, sobre todo si han tenido enfermedades previas.
A largo plazo, el Gobierno central se podría replantear el modelo de asistencia sanitaria a su personal, tanto Muface como otras mutualidades más pequeñas como la de las fuerzas armadas, ISFAS o la del personal judicial, Mugeju. Pero, no se puede ignorar la realidad: los hospitales, los centros de salud y el personal sanitario lo gestionan las CCAA, y la principal partida del gasto autonómico, con muchísima diferencia es la sanidad. Por eso, cualquier cambio de esta magnitud en el sistema hay que hacerlo no sólo planificando, y teniendo en cuenta, o al menos escuchando al personal afectado, sino fundamentalmente negociando con las CCAA, tanto en la vertiente sanitaria como en la financiera, ya que serían las que tendrían que hacerse cargo de los pacientes. Además, traspasar la asistencia de un colectivo de más de un millón de personas no sólo cuesta dinero, sino también mucho tiempo para no generar perjuicios, que pueden ser irreparables para muchos pacientes en la sanidad privada, pero también en la pública.
Por último, y lo menos importante, desde un punto de vista político, si la primera gestión del nuevo Secretario General del PSOE de Madrid, Óscar López es que la sanidad madrileña tenga el próximo mes que atender a 168.282 madrileños más, entonces le van a hacer responsable, con razón o sin ella, de cualquier problema en los servicios sanitarios de todas las CCAA, pero especialmente de los de Madrid.
La defensa de la sanidad pública no pasa por sobrecargarla de un día para otro, sino por dotarla de más medios humanos, materiales y financieros para que pueda dar la atención que los ciudadanos merecen y pagan con sus impuestos. Esto no es fácil, y parece que tampoco será barato, pero desde luego no se resuelve con ocurrencias, sino negociando. En muchas cuestiones, pero especialmente en temas de salud, y habiendo medios, el fracaso no es una opción, o al menos, no debería serlo.
Francisco de la Torre Díaz