Segunda advertencia de la Comisión Europea a España sobre la discriminación laboral a trabajadores temporales frente a los funcionarios. Es un ultimátum antes de contemplar una sanción que podría alcanzar las decenas de millones de euros o incluso afectar a ayudas de miles de millones concedidas por el Covid.
El eje del problema gira en torno al exceso de temporalidad en trabajadores de las administraciones públicas españolas, en especial en los municipios y autonomías, aunque también en la administración central.
La notificación de la Comisión es la respuesta de las quejas de despachos de abogados implicados en procedimientos en defensa de trabajadores temporales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fabián Valero, de Zeres Abogados, es uno de estos letrados, y advierte de que "la cuestión relevante es que la Comisión, a pesar de las supuestas mejoras legales adoptadas por España para limitar este abuso de temporalidad, no considera que sean las adecuadas". "Si no se abandonan los parches la sanción puede ser millonaria", concluye Valero.
Pedro Jiménez