España se aproxima a la fecha que va a marcar el reto económico de las próximas décadas: el año 2029. Este es el ejercicio en el que va a comenzar a descender la población en edad de trabajar, entendida como personas que tienen entre 16 y 66 años, según las proyecciones del INE y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Un proceso que la llegada de inmigrantes podrá compensar solo parcialmente, pese a ser el elemento clave para sostener el número de trabajadores en activo por pensionista.
El organismo que preside Cristina Herrero estima que el número de llegadas tendría que incrementarse en un millón de personas hasta 2050 para mantener la tasa de dependencia (la relación entre las personas en edad de trabajar y dependientes) en 48,2%. Sin embargo, los flujos de llegadas para las próximas décadas tanto de estos dos organismos como de Eurostat no son tan optimistas, lo que supone un reto para el sistema público de pensiones, ya que la población en edad de trabajar se reducirá en un 7% de aquí a 2050 hasta las 30.647 personas.
La última reforma de pensiones, aprobada en dos partes en 2021 y 2023, trató de compensar la pérdida de trabajadores con una mayor cotización de los profesionales en activo. El Ministerio de Seguridad Social sostuvo esta norma en unas proyecciones de inmigración hasta 2035 que distan de las necesidades señaladas por la AIReF (entre 200.000 y 350.000 por año), no obstante, a partir de esta fecha, el departamento que encabezaba José Luis Escrivá esbozaba que estos flujos crecerían hasta el entorno del medio millón de personas en 2050 (unas cifras que superan en casi 200.000 personas las avanzadas por la AIReF o Eurostat).
Los economistas coinciden en la dificultad de anticipar cómo se van a comportar los flujos migratorios. Un ejemplo es el periodo posterior a la pandemia, en el que el Gobierno reconoce que han superado sus expectativas y han contribuido a la creación de empleo que ha llevado el total de trabajadores por encima de los 22 millones. No obstante, las cifras manejadas en los últimos informes de la AIReF apuntan a que esta tasa de dependencia crecerá hasta superar el 70% en 2054 por el elevado número de jubilados.
En este sentido, las conclusiones del organismo fiscalizador de las cuentas públicas son contundentes: España tiene que multiplicar casi por cuatro el número de llegadas anotado en 2024 (350.706 personas, según la Estadística Continua de Población) para evitar que la tasa escale a ese nivel. Esto implica que la capacidad del país para atraer población extranjera tendrá efectos directos tanto en la evolución del mercado de trabajo como en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, que se sustenta con las cotizaciones que aportan los trabajadores y los impuestos que pagan.
Este mensaje está alineado con el que lanzó el Banco de España un año antes, cuando todavía estaba gobernado por Pablo Hernández de Cos. El supervisor del sistema bancario explicaba que el país necesitaba que la población inmigrante trabajadora se incrementara entre 24 y 37 millones de personas para sostener la tasa de dependencia. "No parece probable que la inmigración pueda evitar el proceso de envejecimiento en el que se encuentra inmerso nuestro país" apuntaba el banco central que este año ha decidido no incluir en su informe anual un comentario sobre las pensiones.
El primer análisis anual tutelado por Escrivá sí abordaba el efecto de la llegada de inmigrantes sobre la economía española y en concreto, los motivos que explican que España se haya convertido en un polo de atracción para la población en edad de trabajar. "Entre los factores de arrastre que han impulsado los flujos migratorios recientes hacia España, destacan la reducción de la tasa de paro, los aumentos del salario medio y los cambios en las políticas migratorias españolas, que han favorecido una mejor integración social y laboral" concluía el informe anual publicado en mayo. No obstante, la situación política y económica de los países emisores también sigue siendo un factor clave. Además, abrió la puerta a que el endurecimiento de las políticas migratorias de EEUU hubiera afectado a la magnitud de los flujos recibidos por España en los últimos cuatro ejercicios.
El Banco de España también recordaba que el efecto que están teniendo y tendrán estos flujos migratorios depende de las características de las personas que los integren. Es decir, su edad, nivel educativo y país de origen, dado que esto condicionará qué empleos pueden desarrollar y su capacidad para integrarse en los círculos sociales del país de llegada. En este sentido, el organismo invitaba a analizar cómo se estaba dando este proceso de integración en España y si había margen de mejora a través de las políticas públicas dirigidas a este colectivo.
Para las organizaciones empresariales, la atracción de talento extranjero también constituye una oportunidad para aliviar los problemas de mano de obra que enfrentan algunos sectores como la agricultura, la construcción o el transporte. De hecho, existe un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura que tiene como objetivo facilitar la contratación de extranjeros. Este registro fue reformado por Escrivá en 2022, algo a lo que se oponía el Ministerio de Trabajo, pero los cambios no han conseguido aliviar las dificultades que denuncian sobre todo las pymes de estos sectores para encontrar profesionales.
Generan casi el 60% de puestos creados desde inicio de año
Un 57% de los empleos generados hasta el mes de septiembre están ocupados por un trabajador con una nacionalidad diferente a la española, según los datos difundidos por Seguridad Social este jueves. El número de trabajadores dados de alta en el sistema, ya sea como asalariados o autónomos, ha crecido de media en 359.703 personas desde diciembre, de los que 207.523 son extranjeros, tal y como muestran las cifras del departamento encabezado por Elma Saiz.
Esto representa un crecimiento del 7,2% en lo que ha transcurrido de año, frente al avance de apenas un punto porcentual anotado por el conjunto de los trabajadores en este mismo periodo. De esta forma el volumen de empleados extranjeros ha superado la barrera de los tres millones y alcanzado una cantidad equivalente a la del total de trabajadores autónomos.
El balance de los últimos meses es positivo tanto para las personas que tienen origen en algún país de la Unión Europea como para los que proceden de fuera de las fronteras del espacio comunitario. No obstante, este segundo grupo crece en mayor medida desde el inicio del año. El número de trabajadores no comunitarios ha crecido un 7,5% hasta agosto mientras que el de los empleados que proceden de uno de los 27 países de la Unión Europea ha avanzado un 4,5% entre el pasado diciembre y el mes de agosto.
Actualmente, el grupo más mayoritario es el de los trabajadores con origen en Marruecos, que suman más de 343.300 afiliados a la Seguridad Social. Si bien, en el periodo analizado este decrece, al tiempo que otras regiones como Catar ganan peso con un crecimiento del 288%. En segundo lugar se sitúan los empleados con origen en Rumanía que suman más de 334.900 y que guardan cierta distancia con los 252.549,60 colombianos.
En la primera parte del año, la Encuesta de Población Activa (EPA) también ha reflejado esta aportación de los trabajadores extranjeros, aunque existen algunas diferencias en los datos debido a que Seguridad Social registra un promedio de las relaciones laborales y el INE recoge las respuestas de los encuestados.
Noelia Casado