España cerró el año 2025 con un nuevo récord de empleados públicos: 3,64 millones contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El fuerte aumento de funcionarios en los últimos años ha dejado una brecha récord con respecto al número de autónomos, que crecen a un ritmo mucho más lento y cerraron el año en 3,29 millones. La diferencia ronda ya las 350.000 personas, máxima en la serie histórica.
Tras media década de estancamiento, en 2017 la creación de empleo público volvió a intensificarse y a finales de ese año el total de trabajadores en las administraciones superó la cifra de autónomos. Desde entonces la brecha no ha hecho más que agrandarse y en el último periodo era de 346.500 personas, según la encuesta de población activa (EPA) que actualizó el INE hace unos días. En el verano de 2024 llegó a rondar las 400.000.
En la primera década del siglo, entre los años 2002 y 2008, el trabajo autónomo registró un crecimiento sostenido hasta alcanzar un récord de 3,65 millones de personas, una cota que nunca se ha vuelto a recuperar y en la que está ahora el empleo público. Entonces la situación fue la inversa: con la expansión económica y el boom inmobiliario, los trabajadores por cuenta propia llegaron a superar en casi 700.000 a los empleados públicos.
Con la crisis posterior, muchos de ellos abandonaron su actividad y la cifra de trabajadores se desplomó hasta su cota mínima, por debajo de los tres millones. Hoy el número de autónomos se mantiene estable en niveles de 2009, tras el gran auge, con un aumento del 7% en los últimos ocho años. En ese mismo periodo los trabajadores del sector público han crecido un 18%, casi el triple.
180.000 millones de euros en nóminas
El gasto público en remuneración de asalariados también está en máximos: a falta de conocer el dato definitivo, en 2025 habrá rondado ya los 180.000 millones de euros. No sólo por el aumento en el número de nóminas, sino también por el incremento de los salarios. Tras un 2025 con los sueldos públicos prácticamente congelados, a finales del año subieron un 2,5%, al que se ha sumado otro 1,5% en el arranque de 2026.
Esas subidas forman parte del acuerdo del Gobierno con los funcionarios para revalorizar las nóminas públicas un 11,4% entre diciembre de 2025 y 2028, lo que elevará el salario medio de los funcionarios por encima de los 3.500 euros brutos en 12 mensualidades al final del periodo. No obstante, la mayor parte de ese incremento salarial se deja para los dos últimos años del periodo, 2027 y 2028, ya en la próxima legislatura.
Es una línea roja que marcó el Gobierno en su negociación con los sindicatos por el escaso margen con el que cuentan ya las administraciones públicas ante el límite del 3,5% que marca la regla de gasto. A la par, el Gobierno está revalorizando 10 millones de pensiones con la inflación, como marca la ley tras la reforma impulsada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, lo que eleva la factura de estas dos partidas hasta los 400.000 millones.
Los autónomos denuncian la "asfixia"
En cuanto a los empleados por cuenta propia, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, aseguró, tras conocerse los últimos datos de la EPA, que "la burocracia, las regulaciones, las cargas administrativas, los impuestos, las cotizaciones y el incremento de costes laborales está hundiendo a los autónomos empleadores". Una "asfixia" que lleva tiempo denunciando.
Desde la patronal de los autónomos destacan que en 2025 se perdieron 8.100 autónomos empleadores y en los últimos cinco años han desaparecido 60.000 comerciantes. Un "daño" que vinculan a medidas como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que afecta particularmente en las pequeñas empresas y en los autónomos.
Esta semana el Gobierno ha cerrado con los sindicatos y sin el apoyo de los empresarios, por sexto año consecutivo, la subida del SMI en un 3,1%, hasta los 1.221 euros. Sobre este asunto, el presidente de ATA ha acusado de "trilerismo estadístico" al comité de expertos que han calculado el incremento, además de calificar de "esperpéntica" la pugna entre los ministerios de Trabajo y Hacienda para hacer propuestas que pudieran acercar a los empresarios a un acuerdo.
Beatriz Triguero