Recuperar las contribuciones públicas al plan de pensiones de los funcionarios era uno de los objetivos del Ejecutivo para esta legislatura. Lo anunció el Gobierno un mes después de la investidura de Pedro Sánchez, cuando el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones aseguraba que su intención era "reactivar las aportaciones a los planes de empleados públicos y generalizar los planes entre entes locales y autonómicos". Más de un año después, sin embargo, las participaciones siguen bloqueadas y el plan suma ya este 2025 catorce años sin recibir recursos del Estado.
¿La razón? Dependen de la autorización de Hacienda vía Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es decir, desde la primera prórroga de los Presupuestos de 2023 para el año 2024, la intención de resucitar las aportaciones públicas quedó temporalmente suspendida hasta la aprobación de las nuevas cuentas. En el mes de diciembre, con la segunda moratoria de Hacienda por la falta de apoyos entre los socios de investidura, la propuesta volvía a quedar en el aire para este 2025.
Ahora, los ingresos al plan de pensiones de los funcionarios quedan supeditadas a que los PGE se aprueben este año, algo con lo que Hacienda se había comprometido para el primer trimestre del año. Los tiempos del Parlamento, sin embargo, hacen que sea inviable haber cerrado los PGE antes de que acabe el mes.
En concreto, antes de pasar los Presupuestos, el Ministerio de Hacienda tiene lograr el aval del Congreso a la senda de estabilidad, para lo que tiene que alcanzar un pacto con Junts; después, el Ejecutivo debe aprobar el proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros; entonces, podría llevar este proyecto al Congreso de los Diputados; luego, la Cámara Baja rechazaría las enmiendas a la totalidad, y, por último, el Ejecutivo podría aprobar los PGE de 2025 si contase con los apoyos parlamentarios. Con todo ello, es probable que los plazos se alarguen hasta el mes de mayo.
Catorce años congelado
El promotor de este Plan, que nació en 2004, es la propia Administración y los diferentes organismos y entidades dependientes de la misma y otros entes públicos, en favor de todos los trabajadores que adquieran la condición de empleados públicos. Su gestora y entidad depositaria es la rama de fondos de inversión y planes de pensiones de BBVA. En total, unos tres millones de trabajadores podrían optar al plan (los 2.985.321 funcionarios); pero por ahora cuenta con medio millón de beneficiarios (516.322 , según la Memoria Anual de 2023 publicada por BBVA).
A cierre de 2023, las contribuciones realizadas por los partícipes en 2023 sumaron 1.629.870,37 euros. El monto proviene únicamente de las aportaciones individuales, ya que las Entidades Promotoras -indica BBVA en su informe- no han realizado ningún ingreso. Durante el año 2023 además hubo un ligero descenso del número de partícipes y un incremento en el número de beneficiarios.
El origen de las aportaciones públicas al plan de empleo de la Administración General del Estado data a 2004, cuando el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quiso impulsar los sistemas complementarios, pero vio la luz ya con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Las contribuciones públicas a este vehículo de ahorro complementario a la pensión pública, sin embargo, se deshabilitaron en el año 2011, cuando las políticas de austeridad y los recortes por la crisis financiera las paralizaron.
En el proyecto de Presupuestos de 2018, el Gobierno abrió la puerta a reactivar las aportaciones a planes de pensiones (o retribución por productividad) por valor del 0,2% de la masa salarial, pero no despegó. Después, al comienzo de la segunda legislatura el Ejecutivo volvió a mencionar su compromiso con recuperar la propuesta, pero quedó parado tras la prórroga de Presupuestos en marzo del año pasado. Dicho de otra forma, el plan de pensiones para los funcionarios lleva catorce años congelado.
Es por ello que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama unos Presupuestos urgentes para solucionar el tema. Según explican desde el sindicato de los funcionarios, CSIF, "en el RDL 8/2010 se bloquearon las aportaciones a los planes de pensiones y así lo recogieron las distintas Leyes de PGE". No obstante, desde el año 2018 los PGE permitieron hacer aportaciones a dichos planes. "A pesar de que a partir de 2018 se permitió hacer aportaciones la Administración sigue sin hacerlas", lamentan desde el sindicato. Y exigen unos PGE urgentes para resolver esta cuestión, pero desde los ministerios de Seguridad Social y Función Pública, no ofrecen ningún calendario.
Además, según cuentan fuentes de la Comisión de Control, el de los funcionarios es el único entre los planes de empleo simplificados que se encuentran bloqueados. Y contrasta con la "buena acogida" de los planes sectoriales y los de autónomos.
En este mismo sentido, el Secretario de Protección Social de CC. OO., Carlos Bravo, apuntó ayer en el VI Foro de Autónomos que el hecho de que la Administración no haya realizado contribuciones después de haberlo incluido a los trabajadores públicos entre los tres objetivos diana de la Ley 12/2022 "es una contradicción flagrante" que debe considerar Hacienda.
Aumenta la rentabilidad
Según la Memoria Anual de 2023, publicada por la entidad gestora del plan a finales de enero de este año, el Plan de Pensiones de la Administración General del Estado, obtuvo a cierre de año una rentabilidad neta del 6,92%. %. El aumento en el rendimiento del fondo es "fruto del buen comportamiento tanto de la renta fija como de la renta variable" explica BBVA en el informe.
Asimismo, tal y como muestra el Informe Reducido de la AGE -que abarca hasta diciembre de 2024 y no detalla las causas de los cambios en el fondo- , la rentabilidad el año pasado volvió a incrementar hasta alcanzar el 6,97%. Desde que se creó, el fondo en 2004 la rentabilidad acumulada es del 3,16% debido a la caída experimentada en el 2022 del 9,67%. El patrimonio actual del fondo es de 566 millones de euros.
Blanca Martínez Mingo