El 15 de junio de 2023 la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el secretario de CCOO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, posaron juntos para presentar el acuerdo sobre el Estatuto del Becario. Sin embargo, cuando faltan dos meses para que se cumplan dos años de esta firma, el Gobierno no ha llevado el pacto al Consejo de Ministros, lo que lleva a algunas voces sindicales a dudar de que finalmente vaya a materializarse la norma que contó con el rechazo de la parte socialista, a pesar de que se haya incluido en la hoja de ruta para este 2025.
La regulación de las prácticas no laborales, es decir, las que realizan los estudiantes mientras terminan su formación (formen parte o no de su currículum académico) es un fleco pendiente de la reforma laboral de 2021, en la que el departamento de Díaz asumió el compromiso de convocar en seis meses a los negociadores sociales para armarlo. En octubre de 2022 habían llegado a un principio de acuerdo con CCOO y UGT en el que se acababa con las prácticas extracurriculares, pero el Gobierno decidió reabrir la mesa con el objetivo de sumar a CEOE y Cepyme, lo que no llegaron a conseguir tras más de un año de negociaciones, en el que los rectores de CRUE dejaron claro su rechazo.
Después, la firma del acuerdo coincidió con el adelantamiento de las elecciones generales y no fue hasta octubre de 2024 cuando la cartera de Trabajo publicó el texto en Transparencia para que los interesados pudieran hacer propuestas de modificación. Desde entonces, las fuentes del diálogo social consultadas por elEconomista.es aseguran no haber tenido noticias por parte de Díaz, que en público y en privado manifiesta su intención de sacar el texto adelante "cuanto antes".
De hecho el Ministerio de Trabajo ha incluido en el Plan Anual Normativo aprobado en el último Consejo de Ministros esta norma, junto al desarrollo reglamentario de los dos modelos de contratos formativos (formación en alternancia o para la obtención de la práctica profesional), que tanto el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, como el secretario confederal de Juventud, Adrià Junyent, señalan en conversación con este periódico que quedaría cojo si no se publica antes la ley en la que se delimitará qué es una beca y qué un puesto de trabajo.
Fuentes del diálogo social apuntan que el intercambio de papeles para afinar las condiciones de los contratos de formación se produjo hace más de un año, por lo que no entienden la demora en una cuestión que está retrasando su uso. De acuerdo con los registros de Seguridad Social, en el mes de marzo había solo 76.020 personas dadas de alta bajo alguno de estos contratos frente a las 114.588 que había en el mismo periodo de 2022. A pesar de que esta figura estaba llamada a ser la puerta principal de acceso al mundo laboral desde la universidad y sobre todo, desde grados de FP.
El reglamento tomará forma de Real Decreto, por lo que será más sencillo que salga adelante. No obstante, el departamento de Díaz no es ajeno a las reticencias que muestra su socio de Gobierno respecto a la aprobación del Estatuto del Becario que inicialmente se quería aprobar como Real Decreto-ley, pero que se ha decidido convertir en un Proyecto de ley, que tendrá un tiempo de tramitación mucho más extenso, debido a la distribución actual de los grupos parlamentarios.
El texto que el Gobierno se comprometió a aprobar en el acuerdo con los sindicatos establecía una compensación de los gastos en los que incurra el estudiante para acudir a las prácticas como transporte o dietas, limitaba a 480 las horas extraordinarias que podía hacer cada estudiante en una empresa e introducía multas de entre 70 y 225.018 euros para las compañías que ficharan a becarios de forma fraudulenta para ocupar un puesto de trabajo. Sin embargo, en la pasada legislatura, el ministerio de Economía que encabezaba Nadia Calviño sugirió que "estaba verde" y pospuso su aprobación.
Ante este bloqueo Sumar decidió llevar al Congreso de los Diputados una Proposición no de ley (PNL) el pasado octubre para sondear los apoyos que tendría la norma que también había sido cuestionada desde el flanco de la izquierda, por los partidos de corte nacionalista. La respuesta del grupo socialista a través de la diputada Ada Santana fue que era "importante seguir insistiendo en el apoyo y en el acuerdo con la CEOE". El socio mayoritario del Gobierno argumenta que la organización de Antonio Garamendi no brindó su firma al texto al que había hecho sendas aportaciones por la cercanía a las elecciones generales, por lo que instaba a buscar nuevas vías de consenso. Una postura que también han defendido respecto a la reducción de la jornada laboral, que sigue en el aire.
El secretario de Estado de Trabajo manifestó su intención de volver a consultar a los agentes sociales sobre este proyecto, pero ambos sindicatos se cerraron ante la posibilidad de tener que negociar por tercera vez la misma materia, al tiempo que las patronales se limitaron a expresar su disponibilidad para recibir esta llamada. No obstante, todo permanece parado a la espera de que se resuelva el recorte de la jornada laboral a 37,5 horas, tras el que Díaz ha afirmado que este será su próximo objetivo.
Noelia Casado