El sistema público de Seguridad Social

6. Recomendaciones sobre el sistema público de pensiones

6.1. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)

Recogen en diversos informes las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones en España. Los puntos básicos son:

6.2. Informe de la OCDE: "Panorama de las pensiones 2013"

Examina el impacto de las reformas recientes implementadas en el mundo en los sistemas previsionales y presenta una serie de indicadores que permiten comparar las políticas previsionales y sus resultados entre los diferentes países de la OCDE y del G20. De igual manera, se analiza el impacto que tienen las viviendas, la riqueza financiera y los servicios públicos sobre la suficiencia de ingresos en la jubilación.

6.3. Informe de la OCDE de 2015

La OCDE, en su informe de 2015 "Pensiones at a Glance", elabora la tasa de sustitución de los diferentes sistemas de pensiones.

La tasa de sustitución media en la OCDE es del 57,6%, del cual el 41,3% corresponde al sistema público y el 16,3% al privado (el 11,6% obligatorio y el 4,7% voluntario). En el caso de España, la tasa de sustitución es del 82% y es financiada íntegramente por el sistema público, siendo la más alta de los países de la OCDE cubierta exclusivamente por el sistema público.

6.4. Informe de la OCDE de 2016

Entre las recomendaciones que figuran en el estudio de la OCDE titulado "OCDE Perspectivas de Pensiones 2016", se incluyen las siguientes:

6.5. Informe de la OCDE de 2017

La OCDE, en su informe "Pensiones at a Glance 2017", analiza el sistema público de pensiones en España emitiendo diversas recomendaciones.

La OCDE muestra su preocupación por la sostenibilidad del sistema público de pensiones debido al envejecimiento de la población. Considera que en el año 2050 España tendrá la segunda mayor tasa de dependencia del mundo, solo superada por Japón. La tasa de dependencia será del 77,5 de cada 100 habitantes, muy por encima de la media de la OCDE que la sitúa en el 53,2% de la población.

Hay una elevada tasa de sustitución neta de la pensión pública (medida en porcentaje en relación al último salario). En esta relación España se sitúa en el 82%, frente al 63% de la media de los países de la OCDE y del 71% que es la media de los países de la Unión Europea.

La OCDE sostiene que, a pesar del rápido envejecimiento que se producirá en la población española, la edad media de jubilación se situará en 2027 por debajo de la media de los países de la OCDE.

A pesar de la reforma de las pensiones en 2013, existen limitaciones, como la edad media de salida del mercado laboral, que se quedó estancada en España en 2013. La edad legal de jubilación se incrementará progresivamente hasta llegar a los 67 años en 2027. Sin embargo, los que hayan cotizado 38,5 años podrán continuar jubilándose a los 65 años de edad, que está por debajo de los 65,8 años de media de la OCDE.

Además, considera que se da una falta de incentivos para prolongar la vida laboral tras la jubilación.

El mercado laboral en España es débil. La evolución actual del mercado de trabajo puede condicionar la adecuación de los ingresos futuros para la jubilación. La precariedad laboral y la excesiva temporalidad de los contratos de trabajo (el 26% en 2016, el doble que la media de la OCDE), aumenta el riesgo de interrupción en la trayectoria profesional y en los ingresos del sistema público de la Seguridad Social.

6.6. Banco Central Europeo (BCE)

En su Informe anual correspondiente al ejercicio 2015 señala que la contención de los riesgos para la sostenibilidad de la deuda es aún más importante, dados los sustanciales retos a largo plazo derivados del envejecimiento de la población y de los crecientes costes de la atención sanitaria y los cuidados de larga duración.

En su Informe anual correspondiente al ejercicio 2014 indica que en la zona euro, el principal factor que puede afectar al crecimiento potencial en el largo plazo es la demografía. Como consecuencia del aumento de las tasas de fecundidad y de la esperanza de vida, así como de la inmigración, se vaticina que la población de la zona euro alcanzará su máximo en torno a 2040.

6.7. Comisión Europea

La presión que el envejecimiento de la población origina sobre el gasto público en pensiones es una característica común a todos los países europeos, como se ha puesto de manifiesto en las proyecciones realizadas por el Comité de Política Económica e incluidas en el Informe de la Comisión Europea sobre envejecimiento de la población, publicado en mayo de 2015. Entre las cuestiones que este informe analiza, se muestra la evolución que las tasas de sustitución europeas van a experimentar. En concreto, España es uno de los países que mantiene una tasa de sustitución más alta en el sistema público (81,9% en 2013, frente a la media europea del 41,3%). La Comisión Europea prevé que la tasa de sustitución en España se reduzca 32,2 puntos porcentuales hasta 2060.

En este sentido, la Comisión Europea advierte de la evolución de la tasa de sustitución del sistema público de pensiones en los próximos años, si se mantienen las condiciones actuales. España, con la mayor tasa de sustitución pública en la actualidad, experimentará un descenso gradual hasta situarse en el entorno del 52% en 2050, lo que supondrá un retroceso superior a 27 puntos porcentuales.

En este mismo informe, la Comisión Europea prevé que los costes totales asociados al envejecimiento se incrementen desde el 26,8% del PIB en 2013 hasta el 28,3% del PIB en 2060.

Como se observa, la Comisión Europea ha abordado en diversas ocasiones el envejecimiento de la población y la sostenibilidad de las pensiones. En particular, el Libro Blanco de 2012 propone:

Asimismo, en su Comunicación del Consejo al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, de noviembre de 2015, relativa al Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento para 2016, la Comisión Europea afirma que:

6.8. Parlamento Europeo

La Resolución del Parlamento Europeo sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo anual sobre el crecimiento 2015, publicado en marzo de 2015, incluye una propuesta de resolución, cuya recomendación 85 indica que para garantizar tanto la sostenibilidad y seguridad como la idoneidad de las pensiones, las reformas de éstas deben ir acompañadas de políticas que creen oportunidades de empleo para los trabajadores mayores y los jóvenes, para que se contribuya a un sistema de pensiones sostenible, limiten los incentivos a los regímenes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del mercado laboral.

6.9. Fondo Monetario Internacional (FMI)

En su informe sobre las políticas de la eurozona publicado en julio de 2016, el FMI formula las siguientes consideraciones:

Asimismo, en su informe sobre España publicado en agosto de 2013, el FMI considera que las recomendaciones de la Comisión sobre el factor de sostenibilidad para vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida son positivas. No obstante, ampliar el número de años efectivos de cotización de la pensión de jubilación de 25 años a 30 o 35 debería complementarse mejorando el déficit estructural y disminuyendo la tasa de sustitución.

6.10. Comité Europeo de las Regiones

El Comité de las Regiones (CDR), en su dictamen de junio de 2016 sobre la respuesta de la UE al reto demográfico, llama la atención sobre el enorme impacto económico, social, presupuestario y ecológico, tanto a escala nacional como regional y local, del cambio demográfico. Éste afecta a la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y a los sistemas sanitarios.

6.11. Banco de España

El Banco de España, en su informe "El sistema público de pensiones en España: situación actual, retos y alternativas de reforma publicado en abril de 2017", recomienda:

6.12. Informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones

El Gobierno en el mes de abril de 2013 designó a un grupo de doce expertos con el fin de definir el modelo para aplicar el llamado "factor de sostenibilidad" (la fórmula con la que se calcularán las pensiones futuras). El grupo de expertos elaboró un informe final donde realizaban estas propuestas:

El informe final de los expertos fue aprobado sin unanimidad de los participantes y con una fuerte contestación por parte de partidos políticos, sindicatos, empresarios y por organismos como el Consejo Económico y Social, que elaboró un dictamen aconsejando al Gobierno su no aplicación.

6.13. Comisión Pacto de Toledo

El Pacto de Toledo persigue establecer las bases para que los poderes públicos adopten sus decisiones en materia de pensiones, sabiendo que dichas decisiones han de respetar un equilibrio preciso entre la austeridad y la generosidad que asegure la viabilidad del sistema.

El Pacto de Toledo se fundamenta en el compromiso firme y duradero de velar porque no se vean mermados los derechos que dimanan de la formulación social del Estado. Derechos que son posibles gracias a la solidaridad inter e intrageneracional, propia del sistema de reparto.

Fruto del consenso político y social, la Comisión del Pacto de Toledo planteó para la reforma del sistema de pensiones de 2011 una serie de posibles modificaciones al sistema vigente hasta entonces:

volver a El sistema público de Seguridad Social