Constitución de un plan

SITUACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

  1. Antecedentes

    Los planes de pensiones del sistema de ocupación son un instrumento de ahorro a largo plazo que complementa la pensión de jubilación del sistema público de Seguridad Social. .

    Dentro del ámbito de la Administración pública y, concretamente, de las corporaciones locales, hasta hace poco tiempo no quedaba suficientemente claro si éstas podían constituir planes de pensiones de ocupación dirigidos al personal a su servicio.

    Hasta la Ley 8/1987, reguladora de los Planes y Fondos de Pensiones, no era posible promover ni financiar sistemas complementarios con fondos públicos. En su disposición final segunda, determinaba:

    "Los organismos a que se refiere la disposición adicional cuadragésimo octava de la Ley 46/1985, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986, podrán promover Planes y Fondos de Pensiones y realizar contribuciones a los mismos, en los términos previstos en la presente ley y desde su promulgación".

    El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (LPFP), aclara cualquier duda al respecto. En la disposición final segunda, que lleva por título "Previsión social complementaria del personal al servicio de administraciones, entidades y empresas públicas", establece:

    "Las Administraciones públicas, incluidas las Corporaciones Locales, las entidades, organismos de ellas dependientes y empresas participadas por las mismas podrán promover planes de pensiones de empleo y realizar aportaciones a los mismos, así como a contratos de seguro colectivos, incluidos los formalizados por mutualidades de previsión social empresarial, al amparo de la disposición adicional primera de esta Ley, con el fin de instrumentar los compromisos u obligaciones por pensiones vinculados a las contingencias del artículo 8.6 de esta Ley referidos a su personal funcionario o laboral o en relación de servicios regulada por normas administrativas estatutarias.

    Lo anterior se entenderá sin perjuicio de la correspondiente habilitación presupuestaria de que disponga cada entidad o empresa, así como de las posibles autorizaciones previas a las que pudiesen estar sometidas tales aportaciones tanto de carácter normativo como administrativo, para, en su caso, destinar recursos a la financiación e instrumentación de la previsión social complementaria del personal.

    Las prestaciones abonadas a través de planes de pensiones o contratos de seguros colectivos, incluidos los formalizados por mutualidades de previsión social empresarial, conforme a la disposición adicional primera de esta Ley, no tendrán la consideración de pensiones públicas ni se computarán a efectos de limitación del señalamiento inicial o fijación de la cuantía máxima de las pensiones públicas".

    A partir de la aprobación de estas normas, queda claro que es posible promover y también financiar sistemas de previsión complementarias con fondos públicos.

    En la práctica, las administraciones públicas podrán constituir:

    • Planes de pensiones de ocupación
    • Seguros colectivos de vida
    • Mutualidades de previsión social

    Además, la Ley 61/2003, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, en el artículo 19 (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en materia de gastos de personal al servicio del sector público), en el apartado 3, establece:

    "Además del incremento general de retribuciones previsto en el apartado anterior, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, podrán destinar hasta un 0,5 por 100 de la masa salarial a financiar las aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la disposición final segunda del Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones."

  2. Concurrencia de pensiones y salario diferido

    La constitución de planes de pensiones de ocupación en la Administración pública supone tener en cuenta dos aspectos importantes:

    • Concurrencia de pensiones:

      Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado determinan la cuantía máxima que una persona beneficiaria de diferentes pensiones públicas puede recibir en total. Este límite sólo es aplicable a las pensiones que las propias leyes de presupuestos consideren públicas.

      La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, en la disposición adicional onceava, faculta a los organismos referidos en la Ley 16/1985 de Presupuestos Generales del Estado para 1986 a "promover planes y fondos de pensiones y realizar contribuciones a los mismos".

      Las prestaciones que se derivan de los planes de pensiones, de acuerdo con la LPFP, no pueden considerarse como pensiones públicas y, por lo tanto, no hay concurrencia de pensiones. Esta Ley determina el carácter estrictamente privado de los planes y fondos. La privacidad del sistema atiende al hecho que su creación y administración es privada y al hecho que sus prestaciones son de carácter jurídico privado según el artículo 12 de la propia Ley.

      La Constitución considera que los poderes públicos habrán de garantizar la prestación social a todos los ciudadanos. El artículo 14 de la Constitución Española dice:

      "Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres."

      Queda claro que la construcción jurídica de la Seguridad Social se refiere sólo al sistema público, en calidad de servicio público de titularidad estatal que otorga prestaciones públicas.

    • Salario diferido:

      Las aportaciones de la entidad local al plan de pensiones tienen la consideración legal de salario diferido porque:

          Las aportaciones de la empresa se imputan al partícipe para que sea posible deducirlas en el IRPF.
          Las aportaciones empresariales son irrevocables desde el momento en que resulten exigibles según las especificaciones del plan, independientemente de su reembolso efectivo.
          El patrimonio de cada plan es propiedad de los partícipes y beneficiarios (art. 8.4 LPFP).
  3. Conclusiones

    Primera: A la vista de la normativa vigente, es evidente que las administraciones podrán promover y constituir planes de pensiones tanto de ocupación como contratos de seguros colectivos, incluidos aquellos formalizados por mutualidades de previsión social empresarial.

    Segunda: La capacidad legal de las administraciones y empresas públicas para promover y realizar contribuciones a los planes y fondos de pensiones existe desde la promulgación de la Ley 8/1997.

    Tercera: Las administraciones y empresas públicas habrán de determinar la aportación al plan de pensiones para cada ejercicio según lo pactado en la negociación colectiva, dentro de los límites establecidos en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

    Cuarta: Las aportaciones de la entidad al plan de pensiones recibirán la consideración de salario diferido.

    Quinta: Las prestaciones causadas por los beneficiarios de planes de pensiones promovidos por las administraciones y empresas públicas no están sujetas a los límites cuantitativos por concurrencia de pensiones.

    Sexta: Los sistemas complementarios nunca substituyen al sistema público de pensiones.

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