Buenas noticias para los empleados públicos en 2026. Tras lograr una subida salarial histórica del 11,4% de cara a los próximos tres años, ahora las mejoras se concretan en materia de condiciones laborales y la jornada laboral pasará a las 35 horas semanales en febrero o marzo.
El Gobierno dará en las próximas semanas un paso histórico en la Administración General del Estado (AGE). La jornada laboral de los funcionarios pasará de 37,5 a 35 horas semanales. Será la primera vez que esta reducción se aplique de forma generalizada en la administración central. Una reivindicación histórica del colectivo que ya formaba parte del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI firmado con los sindicatos en 2022.
El compromiso llega tras una reunión entre el Ministerio de Función Pública, con Óscar López a la cabeza, y CCOO, UGT y CSIF. El encuentro abre un nuevo escenario laboral para decenas de miles de empleados públicos, aunque con matices importantes sobre su aplicación real. Aunque la Administración no ha facilitado una fecha exacta para su entrada en vigor, "se ha comprometido a que sea entre los meses de febrero y marzo", según adelanta UGT.
Qué funcionarios pasarán a trabajar 35 horas
La medida afectará a los empleados de la Administración General del Estado, es decir, ministerios y organismos dependientes del Gobierno central. Lo que se estima, beneficiará a unos 250.000 trabajadores del Estado. Quedan por tanto excluidos, al menos por ahora, las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Actualmente, la jornada semanal es de 37,5 horas. El recorte supone una reducción de dos horas y media a la semana, un cambio relevante tanto en organización del trabajo como en conciliación.
Desde Función Pública han adelantado que enero será un mes clave para cerrar los detalles técnicos. Según adelanta CSIF, el ministerio se reunirá en el inicio de 2026 con los distintos departamentos para definir "cómo se aplica la reducción", lo que abre la puerta a posibles excepciones según el tipo de servicio.
Aunque la implantación se espera que pueda arrancar en febrero, el Gobierno y los sindicatos asumen que no todo quedará cerrado de inmediato. La reducción de jornada es solo una parte del paquete.
El teletrabajo, otro de los pilares del acuerdo, avanzará más despacio. Según los sindicatos, se impulsará a partir de enero, pero su desarrollo requerirá más tiempo y negociación, especialmente en áreas donde la presencialidad sigue siendo clave.
En paralelo, la Comisión de Seguimiento del acuerdo volverá a reunirse el 29 de enero. De cara a este encuentro, CSIF ha propuesto crear nuevos grupos específicos sobre promoción interna y clasificación profesional, mutualismo administrativo y clases pasivas, y derechos laborales, lo que apunta a una reforma más amplia del empleo público en los próximos meses.
Salarios, atrasos y condiciones laborales
El acuerdo entre asociaciones sindicales y Ejecutivo no se limita a la jornada. Función Pública ha confirmado que los empleados de la AGE cobrarán en diciembre la subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025, junto con los atrasos acumulados desde enero.
El pago se realizará a través de la nómina de diciembre o mediante una paga adicional. En comunidades autónomas y corporaciones locales, el abono puede retrasarse hasta enero por cuestiones técnicas, "algo que ya ocurre en regiones como Madrid, Cantabria o Galicia", enfatizan desde CSIF.
Este punto es clave para entender el contexto en el que se enmarca el acuerdo. La reducción de jornada llega en un momento de presión sobre el empleo público, con reivindicaciones salariales, falta de personal en algunos servicios y un debate abierto sobre productividad y modernización de la administración.
Un debate más allá del sector público
La implantación de las 35 horas sitúa a la Administración central en una posición más cercana a algunas comunidades autónomas que ya aplicaban esta jornada, y reabre el debate sobre la productividad, la conciliación y el atractivo del empleo público.
Para el Gobierno, el acuerdo refuerza su relación con los sindicatos y lanza un mensaje claro en un momento de debate más amplio sobre la reducción de la jornada laboral en el sector privado. Para los funcionarios, supone una mejora directa de las condiciones de trabajo, aunque su aplicación práctica dependerá de cómo cada ministerio encaje el nuevo marco.
Cristina Fernández Esteban