Cientos de personas se encuentran actualmente a la espera de conseguir su plaza como funcionarios de la administración catalana debido al desorden que rodea la convocatoria de oposiciones 824 para acceder al cuerpo superior de administración y al cuerpo administrativo de la Generalitat de Catalunya: «Seguimos pendientes de que nos nombren como funcionarios desde hace meses», detalla el portavoz del grupo de afectados por el caos en estas oposiciones, Àlex Nistal, en conversación con El Món. La convocatoria de estas oposiciones se realizó el 16 de febrero de 2024, la cual sacaba a concurso 1.260 plazas de estos dos cuerpos de la administración. Meses más tarde, el 19 y 20 de octubre, los opositores que se presentaban a esta convocatoria realizaron las pruebas con normalidad, y los resultados definitivos de estas evaluaciones para convertirse en funcionarios no llegaron hasta el 31 de enero de 2025. Desde entonces, no se ha emitido ninguna nueva comunicación oficial por parte del tribunal calificador y, meses más tarde, estos nuevos funcionarios que han superado las oposiciones continúan sin recibir destino para poder empezar a trabajar.
No saben dónde deben enviarlos a trabajar
Paralelamente a las oposiciones –las llamadas 824, número de serie de la convocatoria–, la administración catalana también convocó el concurso de traslados del cuerpo superior -el cual se convocó el 29 de mayo de 2024- y el mismo concurso para el cuerpo administrativo, convocado el 3 de octubre de 2024. En estos momentos, ninguno de los dos concursos de traslados se ha resuelto definitivamente. Pero el conflicto es con el concurso de traslados del cuerpo superior, ya que el Juzgado Contencioso Administrativo de Barcelona número 12 ha emitido una sentencia de 21 páginas, firmada por la magistrada Irene Urbon a la que ha tenido acceso El Món, que decreta la nulidad del concurso.
Esta sentencia, registrada el 11 de marzo de 2025, establecía un plazo de quince días para que el Departamento de Presidencia, en manos del consejero Albert Dalmau, del cual depende la dirección general de Función Pública, presentara un recurso si no estaba de acuerdo. De hecho, el Gobierno ha presentado un recurso al TSJC. La resolución judicial, en todo caso, fija que la Generalitat debe repetir este concurso de traslados, motivo por el cual, hasta que no quede resuelto, no se sabrá con certeza el número de plazas vacantes de las que dispone para cubrir con los nuevos funcionarios. Por esta razón, los 660 nuevos funcionarios del cuerpo superior aún no tienen destino, y no han comenzado a trabajar, porque no se sabe qué plazas se les pueden otorgar, ya que los funcionarios con antigüedad tienen derecho a solicitar traslados.
Llamado de atención de la defensora del pueblo
Los afectados por el desorden en estas oposiciones denuncian que, a día de hoy, continúan sin recibir información de la dirección general de Función Pública sobre el estado de sus plazas. En este sentido, la defensora del pueblo, Esther Giménez-Salinas, también ha pedido este martes al Gobierno de Salvador Illa que haga pública la previsión de resolución de los procesos selectivos que, en estos momentos, están abiertos: «No se ha tenido presente el principio de transparencia informativa que debe regir todas las actuaciones de los procesos de selección y gestión del personal dentro de las administraciones», determina la defensora. De hecho, este organismo también exige a la Generalitat que, a partir de ahora, «todas las convocatorias que se hagan vayan acompañadas de un calendario con las fechas previstas de todas las pruebas y fases del proceso».
Las consecuencias del desorden en las oposiciones
Esta falta de información es la que ha puesto a los nuevos funcionarios afectados, que aún no tienen plaza fija, en pie de guerra: «El bloqueo del procedimiento tiene un impacto directo sobre la vida laboral y personal de los aspirantes», argumenta el portavoz de los afectados. Por un lado, hay personas que se presentaron a la convocatoria 824 de manera libre. Es decir, que en ese momento no trabajaban en la administración como personal interino: «Hay personas que, en estos momentos, están en paro», concluye Àlex Nistal, quien recuerda que «muchas de ellas han dejado sus empleos en previsión de una incorporación próxima, y ven cómo su situación económica se deteriora mientras el nombramiento no llega».
Aparte de los aspirantes afectados que se han presentado «en turno libre» a la convocatoria, también hay personas que se presentaron a la convocatoria a través de una promoción interna, motivo por el cual no haber obtenido plaza a pesar de superar las pruebas les supone «una pérdida económica mensual significativa«. En este sentido, también hay personas afectadas que continúan teniendo contratos de interinidad: «Como no tienen la condición de funcionarios de carrera, no pueden acceder a concursos, promociones ni estabilizar su situación laboral», argumentan los afectados por el desorden de estas oposiciones. Los efectos de la falta de resolución de las oposiciones, sin embargo, según denuncian, no son solo para los aspirantes afectados, sino para el conjunto del sistema: «La imposibilidad de prever fechas de incorporación genera desequilibrios en los equipos, incrementa la carga de trabajo del personal en activo y obstaculiza la eficiencia de la respuesta administrativa ante las necesidades públicas», argumentan. Es por este motivo que reclaman que la administración desbloquee la situación lo antes posible y que, al menos, den «informaciones» a los afectados, ya que, según denuncian, no han obtenido ningún tipo de respuesta desde hace meses. A día de hoy, sin embargo, cientos de nuevos funcionarios continúan sin obtener la plaza que les corresponde dentro de la administración de Salvador Illa.
Gerard Mira