El Gobierno tiene deberes si Asisa –u otra compañía más– optan por dejar desierta la licitación de Muface. La aseguradora presidida por Francisco Ivorra sigue haciendo cuentas para conocer el alcance de acudir en solitario al contrato y el agujero que podría suponer en las cuentas de una compañía que tiene unos márgenes limitados, ya que no es el objetivo principal de la entidad que forma parte del Grupo Lavinia, cooperativa médica. Pero en caso de que no cubra la sanidad de los funcionarios, la mutualidad se adentra en un terreno desconocido.
Hasta ahora, el ministro de Función Pública, Óscar López, ha optado por la vía rápida para evitar que los funcionarios queden desprotegidos a falta de adjudicar un contrato, y ha prorrogado la licitación con Adeslas, DKV y Asisa tres meses más, hasta finales de marzo.
Pero la ampliación del plazo para presentar ofertas que anunció el Gobierno el pasado viernes por la tarde cambia las tornas de la crisis. Con este movimiento, López gana tiempo, pero solo siempre y cuando encuentre compañera para Asisa. Las que está claro que no lo serán son Adeslas y DKV, que ya han dicho que, con estas condiciones, las pérdidas ascenderían a 250 millones en la primera y hasta 100 millones en la segunda.
En vista de que se conozca si hay o no otra aseguradora interesada en Muface, el alargar el procedimiento hasta finales de enero puede actuar como un arma de doble filo si el Ejecutivo se queda sin ninguna compañía para cubrir la salud de los funcionarios.
Siguiendo el calendario hasta ahora, Función Pública tardaría aproximadamente un mes en volver a presentar otra licitación si la que se publicó el 17 de diciembre también queda desierta. Es decir, nos iríamos a la última semana de febrero y los primeros días de marzo, teniendo en cuenta que el plazo mínimo en la contratación pública –por el procedimiento de urgencia– es de 25 días. Esto haría que llegáramos a finales de marzo con el destino de Muface por conocer, pero sin tiempo de reacción, ya que la orden de continuidad que aplicó el Ejecutivo a finales de 2024 alcanza hasta abril.
Inseguridad jurídica
En este supuesto se apurarían al máximo los plazos de la prórroga, con todo lo que ello conlleva. Las adjudicaciones y las formalizaciones de los contratos públicos no son inmediatas, por lo que sí o sí ya se entraría en el cuarto mes del año.
A esto hay que sumarle a un posible recurso de Unipromel, organización que aglutina a unos 5.000 médicos autónomos, lo que retrasaría aún más la puesta a punto del nuevo contrato. Su presidente, Ignacio Guerrero, ya avisó, tras las reclamaciones en Mugeju e Isfas (las mutuas de jueces y fiscales y militares) que el problema principal de la baja retribución de los profesionales nacen de contratos como el de Muface, en el que la poca remuneración que reciben las aseguradoras se traslada a los médicos.
Y, mientras tanto, está la duda de si el Gobierno tendría que ampliar la orden de continuidad, ya que la actual tiene una remuneración fijada a tres meses con los precios de la oferta que actualmente se está discutiendo. En caso de llegar hasta aquí, Función Pública tendría que volver a rascar el bolsillo de las arcas del Estado para dárselo a Asisa, Adeslas y DKV, a pesar de que estas dos no formen parte de Muface de cara al próximo contrato.
Aitor Caballero Cortés